Presuntos abusos cometidos por un fiscal quien agredió físicamente al enfermero detenido hace varias semanas, acusado de actos lascivos contra una paciente hizo que la familia denunciara el atropello ante los medios de comunicación.
José Antonio Peña (C.I V-5.446.313), Doris Díaz de Peña (C.I. V-3.994.334) y Rubia Rivas (C.I. V-4.319.026) acudieron al Diario de Los Andes a colocar su denuncia ante el salvajismo cometido al parecer por Daniel Quevedo, de la Fiscalía 10ma del Ministerio Público por maltratar físicamente a J. López, enfermero acusado de cometer abuso contra una paciente en clínica de Las Acacias.
Por actos lascivos está siendo acusado J. López, por el hecho acaecido el pasado 30 de julio y se mantiene detenido en la sede del Servicio de Investigación Penal y en tres oportunidades ha recibido una golpiza por parte del funcionario público puesto que al parecer es pareja de la agraviada, según reveló la familia.
«Venimos a denunciar al fiscal Daniel Quevedo, adscrito a la Fiscalía 10° y que se encarga de la sección de menores por haber golpeado a J. López; ya había sido denunciado por la Fiscalía 4° al momento de la segunda golpiza pero nadie se pronuncia” comentaron los familiares. Por el abuso cometido mantuvieron al fiscal en la sede policial por tres horas y luego lo liberaron a las 4:00am, al parecer por tráfico de influencias y complicidad.
El detenido presenta traumatismo craneofacial severo, cuatro fracturas en el rostro, fractura de piso orbital derecho, fractura de los huesos propios de la nariz, fractura arco cigomático derecho, fractura maxilar inferior y traumatismo toracoabdominal.
Consideran que: “a los funcionarios públicos también hay que hacerles pruebas psicológicas, así como escribió la periodista la vez que detuvieron a J. López», comentaron.
Derechos
Los allegados del detenido indican que el proceso judicial no ha terminado y el delito no ha sido comprobado, pero el fiscal al parecer se tomó el caso como personal ante la relación que al parecer sostiene con la dama agraviada. Ante el tráfico de influencias con la policía y el Ministerio Público la familia de López teme que lo asesinen, y no saben ante quién acudir para que respeten sus derechos.