Denuncian la detención de otro sacerdote en Nicaragua, el segundo en 24 horas

Fotografía de archivo en donde se ve a una persona que sostiene una cruz de palma en la misa del Domingo de Ramos, en el inicio de las festividades religiosas de Semana Santa, en Managua (Nicaragua). EFE/ Jorge Torres

 

San José, 11 ago (EFE).- El sacerdote nicaragüense Denis Martínez, de la Diócesis de Matagalpa, en el norte de Nicaragua, fue detenido este domingo por la Policía Nacional en medio de tensiones entre el Gobierno del presidente Daniel Ortega y la Iglesia católica, denunció la abogada e investigadora Martha Patricia Molina.

«Otro cura de la Diócesis de Matagalpa ha sido secuestrado por la Policía Nacional mientras se dirigía a celebrar la Santa Misa» este domingo, dijo en sus redes sociales Molina, autora del estudio ‘Nicaragua: ¿Una Iglesia perseguida?’ y que da seguimiento a esos casos.

«Se trata del sacerdote Denis Martínez. Oremos para que se respete su integridad física y psicológica», indicó la abogada que se encuentra exiliada en Estados Unidos.

En la víspera fue detenido el sacerdote nicaragüense Leonel Balmaceda, de la Diócesis de Estelí, también en el norte de Nicaragua.

Las autoridades también detuvieron a la laica Carmen Sáenz, colaboradora de la Curia Episcopal de la Diócesis de Matagalpa.

De momento, ni el Gobierno de Nicaragua ni la Policía Nacional han ofrecido sus versiones sobre la denuncia de esas detenciones, y generalmente no suelen pronunciarse.

 

¿Ortega presiona para que nombren a otro obispo?

Según la investigadora Molina, «la dictadura sandinista pretende exterminar la presencia de la Iglesia católica en la Diócesis de Matagalpa».

La Diócesis de Matagalpa es dirigida desde el exilio por el obispo desnacionalizado Rolando Álvarez, que fue excarcelado y enviado a Roma en enero pasado.

El jerarca católico también es el administrador apostólico de la Diócesis de Estelí.

El jueves pasado, el Gobierno de Nicaragua informó que envió al Vaticano a un grupo de sacerdotes nicaragüenses que, según fuentes católicas, se encontraban detenidos y bajo vigilancia policial en el Seminario Interdiocesano Nuestra Señora de Fátima, en Managua.

Los sacerdotes nicaragüenses enviados al Vaticano el miércoles pasado son Edgar Sacasa, Ulises Vega, Marlon Velázquez, Víctor Godoy, Harvin Torres, Jairo Pravia y Silvio Romero, todos de la Diócesis de Matagalpa.

Fuentes políticas dijeron a EFE que el Gobierno de Ortega está presionando al Vaticano para nombrar un nuevo obispo en la Diócesis de Matagalpa y en la Diócesis de Estelí.

 

Gobierno envió al Vaticano a siete sacerdotes esta semana

El Gobierno de Ortega acordó en enero pasado con la Santa Sede el envío al Vaticano de Álvarez y del obispo Isidoro Mora, junto a 15 sacerdotes y dos seminaristas nicaragüenses, a los que tenía privados de libertad.

El 18 de octubre pasado, el Gobierno nicaragüense también excarceló a 12 sacerdotes y los envió al Vaticano tras un acuerdo con la Santa Sede, aunque entre estos no estaba el obispo Álvarez, que se resistía a abandonar el país.

Antes, el 9 de febrero de 2023, las autoridades excarcelaron a otros ocho sacerdotes y los enviaron a Estados Unidos, como parte de 222 excarcelados políticos nicaragüenses.

En esa ocasión el obispo Álvarez, que tenía casa por cárcel, se negó a subirse al avión, fue enviado a una prisión de máxima seguridad, y condenado a 26 años y cuatro meses de prisión, despojado de su nacionalidad, y suspendidos sus derechos ciudadanos de por vida, por delitos considerados de traición a la patria.

La condena contra el alto jerarca fue dictada un día después de que rechazase subirse al avión que lo iba a llevar con otros 222 excarcelados políticos nicaragüenses a Estados Unidos, lo que provocó la indignación del presidente Ortega, que en cadena nacional lo calificó de «soberbio», «desquiciado» y «energúmeno».

Las relaciones del Gobierno de Ortega y la Iglesia católica viven momentos de gran tensión, caracterizadas por la expulsión y encarcelamiento de sacerdotes, la prohibición de actividades religiosas, y la suspensión de sus relaciones diplomáticas.

 

 

 

 

 

 

 

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