Por Ismar Linares
Habitantes, comerciantes y representantes de los sectores productivos del municipio Urdaneta, en el estado Trujillo, denuncian una serie de medidas arbitrarias, amedrentamiento y cierres punitivos ejecutados por la Alcaldía local tras la realización de eventos comunitarios, culturales y gremiales en la zona.
Según los datos recabados, la administración municipal ordenó la clausura desmedida de dos establecimientos comerciales, utilizando el poder público como un mecanismo de intimidación y represalia política contra el sector privado que prestó apoyo logístico a estas actividades.
Comercio e iniciativas clausuradas
Entre los establecimientos afectados se encuentra el espacio recreativo y de eventos conocido como “El Renacer del Mirador”, recinto que sirvió de sede para un acto académico y cultural de reconocimiento organizado por la plataforma Pro-Urdaneta al destacado geógrafo Francisco “Morocho” González Cruz.
De acuerdo con las denuncias de los afectados, el propio mandatario municipal citó al propietario de este local de eventos y recreación para notificarle de manera amedrentadora que el establecimiento permanecería cerrado por el resto del año. En un claro abuso de autoridad, el funcionario amenazó al comerciante manifestando que «si él quería, hasta el próximo año podría retirarle la licencia comercial, si a él le daba la gana», vulnerando todo principio de institucionalidad.
Asimismo, se ejecutó el cierre arbitrario de la ferretería propiedad del productor Alexander Pérez, comerciante de la localidad cuyo único «delito» fue prestar un vehículo de carga de su propiedad para que funcionara como tarima durante el encuentro entre agroproductores locales y líderes nacionales en un recorrido por el estado Trujillo. Para justificar la medida en este caso, los fiscalizadores municipales alegaron presuntos retrasos en el pago de la patente de industria y comercio, una excusa punitiva ejecutada sin el debido procedimiento administrativo ni lapsos de subsanación.
Violación flagrante al marco legal y constitucional
Las actuaciones del ejecutivo municipal en Urdaneta trasgreden de forma directa diversos preceptos constitucionales y leyes de la República:
- Violación de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV):
- Artículo 112 (Derecho a la libertad económica y de trabajo): Se conculca el derecho de los ciudadanos a dedicarse libremente a la actividad económica de su preferencia sin más limitaciones que las establecidas en las leyes.
- Artículo 49 (Derecho al debido proceso): Las medidas definitivas de cierre e intimidación verbal omiten los procedimientos administrativos sumarios, la notificación previa, el derecho a la defensa y el principio de presunción de inocencia.
- Artículo 115 (Derecho a la propiedad y al uso de licencias comerciales): Se atenta contra el ejercicio libre del comercio y el derecho de propiedad sobre los activos privados.
- Infracción a la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos (LOPA):
- Las medidas aplicadas adolecen de desviación de poder (uso de facultades administrativas para fines políticos o personales ajenos al interés público) y vicios de nulidad absoluta al no sustentarse en actos administrativos formalmente motivados.
- Violación de la Ley Contra la Corrupción:
- Abuso de funciones y uso del cargo público: Las amenazas directas de revocación o retención arbitraria de licencias comerciales («si le da la gana») por parte de un funcionario público constituyen un delito de abuso de autoridad para coaccionar y perjudicar a particulares.
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Reacciones y exigencia de garantías
Comerciantes, gremios agrícolas y vecinos del municipio Urdaneta y líderes regionales rechazaron categóricamente esta escalada de amedrentamiento, la cual atenta directamente contra la economía local y perjudica a las familias que dependen de la dinamización comercial en La Quebrada y sus parroquias.
Los denunciantes hacen un llamado urgente a los organismos de protección ciudadana, al Ministerio Público y a la Contraloría del estado Trujillo para que inicien las investigaciones correspondientes por abuso de poder, se revoquen de inmediato los cierres arbitrarios y se restituyan las garantías constitucionales para la libre empresa, el trabajo y la libre asociación en el municipio Urdaneta.
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