Un grupo de docentes encabezados por Gladys Chacón, coordinadora del Observatorio de Educación de FundaRedes y presidenta del Colegio de Licenciados del Táchira, se hicieron presentes este miércoles en la Defensoría del Pueblo de Táchira, para denunciar el deplorable estado en que se encuentran las sedes de las unidades educativas de la región.
En tal sentido, expresó Chacón, que los planteles “están en ruinas y el Estado venezolano que es el garante de mantener estas infraestructuras, no hace su tarea”.
Recordó que las infraestructuras educativas del estado Táchira que en otra época fueron icono, como el liceo Simón Bolívar, la escuela Carlo Rangel Lanús, el liceo Ángel María Duque de La Grita, el Pedro María Morantes, el Gonzalo Méndez tienen años sin recibir mantenimiento, “hace más de 10 años el gobierno anunció con bombos y platillos partidas para recuperar estas instituciones, con más de 60 años de vigencia, y no ha sido posible que estas instalaciones hayan mejorado para que estudiantes y docentes estén en un ambiente cónsono para el proceso educativo”.
Hay instituciones, señaló, que fueron destruídas totalmente para reconstruirlas, como la Arístides Garbiras, hace más de 10 años y “todavía no se ha levantado ni un solo bloque”, denunció.
¿Dónde están los reales?
“¿Dónde están esas partidas anunciadas para planteles educativos?, es la interrogante que plantean los educadores tachirenses y piden se investigue estos aportes anunciados.
En el caso del emblemático liceo Simón Bolívar, con más de 100 años de edificado, señaló Chacón, que desde que se desarrollaba el Plan Bolívar 2000 no se ha hecho ningún aporte a su edificación. “Y está totalmente devastado, aunado a eso, el gobierno está llamando a clases, para finales de febrero. Por eso pregunto al señor ministro y a quienes ostentan el poder ¿qué van hacer con estas estructuras en decadencia?”.
La vocera de FundaRedes, Gladys Chacón asegura que el liceo Simón Bolívar no cuenta con servicios públicos operativos, tampoco tiene sanitarios, y agregó que el personal que labora en este plantel no cuenta con equipos de bioseguridad, “no le dan los kits a los médicos que son muchos menos que la población laboral educativa. “Esto se considera como si el gobierno quisiera llevar a la educación a un exterminio, violando primero el derecho a la vida y a la educación”.