El caso de crímenes de lesa humanidad, maltrato y violación de derechos humanos en Venezuela no ha progresado en el tribunal de La Haya porque hay un plan secreto entre la embajadora de Venezuela en La Haya, Haiffa El Aissami, y la fiscal Fatuo Bensuda, advierte Walter Márquez con diversas evidencias referenciales
Por Judith Valderrama – Los Andes Semanario del Táchira edición 121º
“La Corte Penal Internacional (CPI) tiene una enorme deuda con la justicia venezolana e internacional, tienen que entender que la fiscal de la corte, Fatou Bensuda, les está causando un gran daño y es una corrupta”.
Afirma el diputado Márquez, que el mundo ha gastado más de mil 500 millones de dólares en mantener la CPI, “se ha buscado que se investigue a los responsables del régimen en Venezuela, primero Chávez y después Maduro”.
Luego del año 2002 comenzaron las denuncias por actos criminales como los del Puente Yaguno. Recuerda Márquez que entre los denunciantes están Diego Arrias -ex integrante del Consejo de la ONU-; William Cárdenas Rubio, abogado tachirense y Antonio Ledezma, pero todas las denuncias fueron anuladas por el anterior fiscal del CPI Luis Moreno Ocampo, quien cerró los casos en 2006 y estuvo en el cargo entre el año 2003 a 2012.
De 2006 a febrero del 2018 no se hizo ninguna investigación sobre los casos de Venezuela. En 2012 se eligió a quien era vice fiscal, Fatou Bom Bensouda, una abogada de Gambia con 15 años de función en la CPI. Explica el ex diplomático venezolano que esta fiscal ha sido negligente de su deber y ha encubierto los crímenes de lesa humanidad ocurridos en Venezuela, alegando que no hay lapsos para decidir.
“El 8 de febrero del 2018, ella (Bensouda) abrió un examen preliminar producto de la presión del parlamento europeo, que solicitó una investigación”. También hubo presión internacional y nuevas denuncias hechas por Walter Márquez, Luisa Ortega Díaz, Tamara Suju, Juan Carlos Gutiérrez, William Cárdenas y un grupo de parlamentarios latinoamericanos, “pero toda esa denuncias fueron paralizadas”.
Asegura Márquez, que la fiscal en su investigación preliminar se limitó a indagar sobre los sucesos de abril del 2017 en adelante, pero la justicia del tribunal internacional tiene un principio de complementariedad, que refiere, que primero debe actuar la justicia del país de donde es el caso.
“Ella lo hizo de manera intencional, porque hubo denuncias gravísimas sobre las protestas populares de abril a julio del 2017, donde figura como denunciante el alto comisionado de la ONU. Pero la maniobra de la fiscal fue meter las investigaciones ha realizar, en conjunto con las de Filipinas, y el gobierno de Maduro se agarró de que no se ha investigado en el país el caso”.
La falla -de acuerdo a Walter Márquez- es que la fiscal de la Corte Penal Internacional no hizo una investigación completa del 2014, cuando conoció denuncias de las protestas populares. “Tenía que haber tomado en cuenta los dos informes presentados por el Alto Comisionado de la ONU, donde evidenciaba crímenes de lesa humanidad en Venezuela”.
Por su parte, la fiscal Bensouda alega, que no hay lapsos para decidir. Pero sostiene Márquez que dentro del alcance de la Resolución 60 de las Naciones Unidas de 2015, sobre el derecho de las víctimas, deben investigarse las violaciones de derechos humanos de forma eficaz, rápida, completa e imparcial, y en su caso adoptar medidas contra los responsables de conformidad con el derecho interno e internacional, “pero la fiscal incumple los principios de eficaz, rápida, completa, al señalar que no hay lapsos establecidos”.
“Se habría evitado la hambruna y el éxodo”
Muchas vidas de venezolanos se habrían salvado si la fiscal de la CPI, Bensuda, hubiese cumplido su labor de investigar las denuncias presentadas contra Nicolás Maduro, “por tanto ella es cómplice por omisión”.
“La fiscal Bensuda está incumpliendo una de las normas del Estatuto de Roma, el de gravedad. Si hubiese investigado las denuncias del año 2014 se habrían evitado las muertes del 2017, la migración masiva y la hambruna en Venezuela, además del delito de esclavitud”.
-¿Por qué el mundo no ha presionado de manera suficiente ante esa “complicidad” de la fiscal con el régimen?
-“Estoy alertando a la comunidad internacional y nacional que hay un plan secreto entre la embajadora de Venezuela en La Haya Haiffa El Aissami y la fiscal Fatuo Bensuda. No podemos confiar. El destino de Venezuela está en manos de una fiscal corrupta que está ampliamente cuestionada por la comunidad nacional e internacional. Tenemos 16 años pidiendo justicia en La Haya y está fiscal ha violado todos los lapsos prudenciales que se requerían para decidir el caso. Ella ha encubierto todo”.
Con la denuncia del presidente electo de Colombia Iván Duque, Walter Márquez también prepara denunciar a la fiscal de la Corte Penal Internacional, y señala que, “No podemos confiar. El destino de Venezuela está en manos de una fiscal corrupta que está ampliamente cuestionada por la comunidad nacional e internacional”
Hermana de El Aissami detendría la balanza
Revela que la fiscal Fatuo Bensouda estuvo involucrada en un escándalo de su esposo, generado por el cobro de honorarios profesionales en Gambia y ella conocía del hecho.
Otro aspecto, según el diputado (j), es que la fiscal de La Haya mantiene cercanía con funcionarios del gobierno de Maduro, ha sido retratada con la embajadora de Venezuela El Aissami y con el presidente del Tribunal Supremo de Justicia Maikel Moreno, pero no ha recibido a ningún líder opositor venezolanos, ni a familiares de los presos políticos.
“Esto ha conllevado a que el tribunal de La Haya se vea convertido en un cementerio de denuncias del régimen de Nicolás Maduro”.
Ninguna evidencia le ha valido.
“Ante las nuevas evidencias que presentó Luis Almagro, secretario de la OEA, que prueban los delitos de lesa humanidad cometidos en Venezuela, además de las denuncias por mi presentadas sobre el exterminio por privación de medicina, alimentos y las deportaciones forzosas de venezolanos, son hechos públicos y notorios ante los que el CPI debería actuar de inmediao”.
El diputado Márquez conformó un plan que ha denominado “que haya justicia en La Haya”. Es una estrategia de cómo abordar el tema, más estrategia jurídica y táctica procesal, “porque el gobierno de Maduro, con una sola embajadora ha activado una intensa presión diplomática, por tanto, se deben activar mecanismos diplomáticos y consulares para que los embajadores pidan cuentas de la actuación de la fiscal Fatou Bensuda, por sus graves incumplimientos sobre lo que pasa en Venezuela”.
Afirma que una diplomacia activa obligaría a la fiscal de La Haya a rendir cuentas, “estoy evaluando y la voy a denunciar… por ser responsable de negligencia grave e incumplimiento grave en el ejercicio de su cargo”.
La denuncia contra la fiscal Bensuda iría ante la presidente de la Corte Penal Internacional, el caso pasaría a la asamblea general de los países que la integran. “Es necesario que el presidente de Colombia, Iván Duque se entrevisté con el presidente de la Corte Penal Internacional y con el presidente de los Estados partes, porque la CPI debe rendir cuentas a Naciones Unidas”.
Sostiene que la denuncia es parte del eslabón, también plantea crear un comité de víctimas, un plan político para que parlamentos, jefes de gobierno y organismos internacionales se pronuncien exigiendo actuación de la Fiscalía ante la Corte Penal.
Márquez recuerda que en un total de 43 países han expresado estar comprometidos con la justicia de Venezuela.
Cumple 20 años la Corte Penal Internacional
Rememora Walter Márquez, que este martes 20 de julio cumple 20 años de creado el Estatuto de Roma, aprobado en Italia y que genera la Corte Penal Internacional, una vieja aspiración del mundo para crear un tribunal permanente que investigara crímenes de guerra, genocidios, crímenes de lesa humanidad y de agresión.
Previo al tribunal de La Haya, existieron cortes para procesar casos puntuales como los ocasionados por los nazis, que causaron al menos seis millones de muertes de judíos. También para el caso de Yugoslavia con Milosevic, se creó otro tribunal especial, así como para las atrocidades cometidas con las tropas imperiales japonesas.
Explica Márquez que fueron tribunales creados para esos casos y luego desaparecieron, de ahí surge la necesidad de crear un tribunal permanente, la Corte Penal Internacional (CPI), suscrita por varios países entre esos Venezuela.