Caracas, 10 jun (EFE).- El defensor del Pueblo de Venezuela, Alfredo Ruiz, pidió este martes la coordinación con todas las instituciones de derechos humanos a «nivel mundial» para que cese la «violación a los derechos humanos» de los migrantes venezolanos que fueron deportados desde Estados Unidos hasta una cárcel de El Salvador, acusados de ser presuntos miembros de la banda criminal Tren de Aragua.
«La Defensoría del Pueblo pone todas su sedes, todo su esfuerzo a la orden para atender a cada una de las familias, pero también hace un llamado a todas las instituciones de derechos humanos a nivel mundial, en todos los países, para que coordinemos que cese esta grave violación a los derechos humanos», dijo Ruiz luego de una reunión con 25 familiares de los deportados hasta El Salvador.
Ruiz dijo que estas personas representan a las 252 familias que están «reclamando, exigiendo que cuanto antes, lo más inmediatamente posible, sean devueltas esas personas que están retenidas ilegalmente en El Salvador».
«Requerimos entonces también que en este esfuerzo nos unamos toda la patria y, no solo toda la patria, sino toda la humanidad, porque hay que frenar estos graves abusos, que son abusos contra los seres humanos, abusos contra la humanidad», reiteró.
Asimismo, dijo que los migrantes venezolanos están «ilegalmente» en El Salvador, porque fueron «llevados contra su voluntad, la mayoría engañados, diciéndoles que regresaban a su país».
Entretanto, Yordelli Peña, madre de una migrante venezolana en Estados Unidos, denunció que a su hija no la han tomado en cuenta para tomar uno de los vuelos de repatriación que han llevado adelante Venezuela y Estados Unidos desde febrero pasado, tras un acuerdo suscrito entre ambos países, sin relaciones desde 2019.
«Mi hija no camina (…) mi hija tiene la mitad del cuerpo dormido, entonces necesito que por favor, Nicolás Maduro, Diosdado (Cabello) me apoyen en eso, ya estoy desesperada, no sé qué hacer», indicó.
Peña indicó que el esposo de su hija fue uno de los más de 250 deportados hasta El Salvador y que su familia no tiene información sobre su situación.
En mayo pasado, Maduro aseguró que su Gobierno está listo para buscar a los 252 migrantes del país caribeño detenidos en una cárcel de máxima seguridad en El Salvador, bajo la acusación de presuntamente pertenecer a la banda de crimen transnacional Tren de Aragua.
El gobernante, quien juró para un tercer mandato tras su cuestionada reelección, hizo un llamado a exigir que «esos muchachos que están secuestrados sin juicio, sin derecho a un juez, sin derecho a la defensa y sin haber cometido ningún delito sean puestos en libertad de inmediato».
Ese mismo mes, la Oficina de Derechos Humanos de la ONU dijo que este grupo de migrantes podría estar en una situación de desaparición forzada en vista de la «completa incertidumbre» sobre su paradero y la situación en la que se encuentran tras ser deportados de Estados Unidos.
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