Eduardo Viloria / DLA
Andrés Medina Terán, técnico del campo y exconcejal del municipio La Ceiba, dijo que en los hogares de este importante municipio petrolero, se está viviendo una situación preocupante, por la decisión tomada por la mayoría de padres y representantes de las diversas instituciones escolares, los cuales acordaron no enviar sus hijos a las escuelas, hasta que no se conozca la verdad de las reiteradas intoxicaciones con material desconocido, regado en varias instituciones escolares, principalmente en la parroquia Tres de Febrero, decisión tomada que hasta la fecha las autoridades policiales y de investigación, lo que han mostrado es inacción e indiferencia, ante la gravedad del caso, pues hasta los momentos no se conoce el informe técnico, ni se ha determinado públicamente el agente contaminante esparcido en las instituciones, donde resultaron afectados alumnos y docentes por las mismas
Dijo el exconcejal, que le ha tocado conversar con varios padres y representantes, ganados por la idea de suspensión de actividades escolares, los cuales tienen el fundado temor de que la salud y la vida de los niños siguen en riesgo, si asisten a las instituciones donde se sucedieron las intoxicaciones, de ahí la decisión tomada, “de tener a los niños resguardados en los hogares”, decisión vigente, no obstante que las autoridades directivas de esas instituciones escolares, en lugar de garantizar la seguridad de esos niños, lo que hacen es ejercer presiones, además de hostigar al personal docente, ignorando el peligro ambiental latente, siendo también conveniente, decirle a esas autoridades y especialmente a los directores de las instituciones conocidas, donde se sucedieron las intoxicaciones, que ningún director, bajo ninguna percepción, puede obligar a la asistencia de los alumnos a clases presenciales, en caso que exista un riesgo inminente para la salud.
Fundamento legal de los padres y representantes
Añadió el exconcejal Medina Terán en su declaración, que ante la presión y hostigamiento para el reinicio de las actividades escolares presenciales, es una vulneración flagrante de interés superior del niño, del derecho a la salud y la vida, tal como lo señala el artículo 83 de la Constitución Nacional de la República de Venezuela, y el derecho a la integridad personal y a un nivel de vida adecuado -artículos 30 y 32 de la Ley de Protección del Niño y adolescente-, situación que me lleva a hacerle un llamado público al Ministerio de Educación, en especial a las autoridades de la Zona Educativa del estado Trujillo, a fin de que se garantice un retorno educativo seguro, antes de exigir la permanencia presencial en los centros educativos cuestionados.
A los señores de la Zona Educativa de la región, repitió el exconcejal, los invitamos a que cese la presión administrativa contra docentes y representantes, siendo conveniente también que estas autoridades, avalen la educación a distancia de manera temporal, hasta que el estado garantice la seguridad de los planteles educativos, petición que se extiende también al Ministerio del Poder Popular para la Salud y Contraloría Sanitaria, que deben realizar una inspección exhaustiva, que sirva para pedir un aval de habitabilidad sanitaria de las instituciones afectadas dentro de nuestra jurisdicción, municipio La Ceiba.
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