“quien educa a un hombre educa a un individuo, pero quien educa a una mujer educa a un pueblo” Ghandi
Recientemente pudimos conocer por las redes y noticieros de un gran “operativo” para imponer la paz en el sector de La Vega en Caracas; también se conoce de operativos similares realizados periódicamente en el amplio sector vinculado a la cota 905, de la misma ciudad; en ambos sectores se organizan despliegues de funcionarios adscritos a diversos cuerpos policiales, para intentar la toma y ocupación del territorio por las fuerzas del Estado. La situación se presenta no sólo en la Capital, también en otras ciudades y espacios territoriales existen situaciones parecidas, cada una con sus características particulares, en especial zonas fronterizas y mineras.
El tema tiene muchas aristas, también las vinculadas a la administración de justicia y al sistema del régimen penitenciario, que no tocaremos; hoy sólo pretendo hacer algunas consideraciones a partir de las caraqueñas, por ser más notorias, existir mayor documentación y para mí, mayores referencias, -como viejo parroquiano que fui de la Ciudad-, sobre muchos de esos espacios de los cuales guardo memorias de la infancia, adolescencia y luego con las inquietudes de joven profesional en torno a los delitos, actores, víctimas y diversos caminos para su tratamiento y prevención.
Lo primero a señalar es que esos despliegues de fuerza policial no son políticas de Estado recientes; vienen de larga data y por décadas han sido noticia como “modo de abordar” la situación de “criminalidad desbordada”; entre otros, el cineasta Carlos Azpurua hizo una película “Disparen a matar”, cuyo guión se desarrolla con el entorno de operativo policial en una barriada de la ciudad; Vladimir Acosta en su novela “Los tres cadáveres tatuados” también nos habla de ese mundo social. Igualmente es necesario distinguir, que hay otros espacios urbanos donde también se puede observar “criminalidad desbordada”, lo que ocasionalmente provoca operativos especiales de la fuerza pública, donde se desenvuelven sectores sociales de otro nivel económico y cultural, con la diferencia que son de mayor discreción y baja notoriedad, porque en la “red-dada” se topan –a veces-, con algunos peces grandes y poderosos. De manera que hay criminalidad extendida con violencia y asesinos en los sectores de clase media y alta, así como en los sectores más populares de la sociedad. En algunos será mayor el índice de robos y asaltos y en otros, la extorsión, el secuestro o la prostitución; en ambos el tráfico y consumo de droga es un integrante, junto a muestras de impiedad creciente derivada de lo que algunos han considerado la “colombianización” de la conducta delincuencial en nuestro país.
El sacerdote Alejandro Moreno es psicólogo, filósofo, teólogo, con doctorado en Ciencias Sociales y director de un Centro de Investigaciones Populares en Caracas desde donde han realizado estudios que son un aporte para el conocimiento acerca del delincuente que se desarrolla en entornos populares y además, con participación del Dr. José Luis Vethencourt B., honorable venezolano que dictó cátedras de psiquiatría y dignidad ciudadana, en la comprensión de la salud del alma individual y social; hizo declaraciones a la periodista Barbarita Martínez, a las cuales referiré porque son muy pertinentes al tema que estamos desarrollando.
Señala Moreno que a partir de la década de los ochenta crece el homicidio violento, alcanza en 1998 un tope de 4.000 muertos al año, “luego se da un salto y de allí no desciende”, añade “en lo que todo el mundo coincide es que la población aumentó y llega un momento que hace crisis la concentración de población en las zonas populares y ese hacinamiento se hace más difícil y facilita ese tipo de violencia”. Luego agrega “la mayoría de los analistas señalan que a partir del 27 de febrero de 1989, parece que la población se da cuenta de la debilidad del Estado. Las instituciones son percibidas como corruptas, se debilitan los partidos políticos, se pierde Estado y sobre todo calidad de Estado, que ya es un cascarón vacío, excepto cuando les interesa algún caso. Las policías no eran una maravilla antes, pero se han vuelto más corruptas, dedicadas más al delito que a atacarlo”.
Esa percepción que los órganos del Estado no tienen el control incrementa la conducta antisocial en los delincuentes, quienes la asumen como ampliación del ámbito de impunidad, lo cual aumenta el crimen y con ello las dificultades de la policía para intervenir, sobrepasada por la delincuencia. Crece también la percepción de desamparo para el habitante del lugar y se abren vías hacia formas de delincuencia organizada, con oferta de “protección y paz social” a cambio del sometimiento ciudadano en amplias zonas fuera del control institucional del Estado. Sombrío panorama sobre el cual se pueden tener observaciones, pero dibuja una realidad compleja que ayuda a comprender la anomia social creciente.
Ante la interrogante sobre si el delincuente nace o se hace, su respuesta refiere algunas teorías relativas a tendencias genéticas pero hoy nadie puede decir que existe criminal de nacimiento. Declara: “Hay dos maneras de hacerse delincuente: el estructural que se hace muy pequeño, casi desde el nacimiento y el circunstancial que no se hace tan temprano. El estructural se produce por la relación infantil con la figura materna, cuando esa relación ha sido dañada, violencia contra el niño, no golpes ni pellizcos, sino el abandono, desatención, la carencia de afecto, que el niño siente que él no vale nada. Y no es la familia, es la relación dañada con la madre. Con el abandono, el niño busca la manera de llamar la atención. Es mucho peor que no me tomen en cuenta a que me agarren a golpes. Cuando alguien te golpea tú existes para esa persona”, y en efecto el niño o niña “se va haciendo violenta y empieza a tener contacto con otras personas violentas”; concluye “la gran mayoría de los delincuentes son circunstanciales, por circunstancias externas, que pueden ser familiares, pero no son tan fuertes como la relación enferma madre-hijo; lo que pasa es que los estructurales son muy atrevidos, han convertido la violencia asesina en la manera de sentir, desear y querer la vida y la manera de identificarse”.
Esta distinción que encuadra de modo general la personalidad del delincuente envuelve la necesidad de atención y formación de la madre como un elemento fundamental para desarrollar políticas públicas hacia la mujer. Hace más de cincuenta años el Dr. Rafael Méndez Castellano, trujillano de venezolanidad comprometida, profesor universitario e investigador social, inició un estudio prolongado en varias generaciones con atención a las consecuencias de diversa índole derivadas de las desigualdades sociales y también a la altísima significación de la mujer en el cuidado y preservación de la sociedad venezolana, habida cuenta de la ausencia del varón en constante trashumancia por causa de las guerras y tras los caminos de las minas, el caucho y el petróleo; y deriva el necesario desarrollo de los fines esenciales del Estado con políticas públicas profundas y de largo aliento, en “la construcción de una sociedad justa y amante de la paz…”(art. 3 CRBV).
La frase de Mahatma Ghandi “quien educa a un hombre educa a un individuo, pero quien educa a una mujer educa a un pueblo”, en nuestro país tiene una significación superlativa, porque las mujeres han sido el soporte que ha mantenido la sociedad venezolana a lo largo de nuestra historia republicana.
La Constitución contiene amplias disposiciones sobre el tema; a nivel nacional existe InaMujer y hasta un Ministerio; se han hecho diseño de caminos, sin embargo los esfuerzos son modestos y espasmódicos. Refiero mi experiencia en política local, al inicio de la década de los noventa, desde ALMACARONÍ hicimos la construcción de la Casa de la Mujer en Ciudad Guayana (“porque ellas son el manantial que cuida la construcción de la patria”), con el desarrollo de programas sobre educación de la sexualidad juvenil, prevención del embarazo precoz, la pareja gestante, lactancia materna, protección ante la violencia doméstica y la formación de su competencia productiva y consciencia reproductiva, entre otros; también los Jueces de Paz y Alma Paz para la atención de conflictos de violencia entre grupos juveniles. Esos programas fueron desarrollados por valientes equipos liderados generalmente por mujeres; la promoción del liderazgo femenino fue siempre un valor gerencial que impulsamos enfrentando adversidades desde diferentes frentes. El 2004 al retorno de Alcalde, los programas juveniles contra las drogas, protección a familias en situación especial y asistencia a familiares de presos en El Dorado; se construyó, dotó y formó personal para el Centro de Atención Integral a Niñas y Adolescentes en situación de riesgo (CAINA); en 2008 hubo elecciones, quienes llegaron, con arrogante ignorancia desecharon el programa, despreciaron al personal y voluntarios formados, desaparecieron los equipos y destinaron el local para comando policial, todo con impunidad política y social.
Dentro de las grandes dificultades de nuestra sociedad y país está una suerte de tragedia de Sísifo por la que siempre estamos “empezando de nuevo”, lo que nos impide profundidad y continuidad de acción en la búsqueda de nuestro camino nacional hacia “la construcción de una sociedad justa y amante de la paz…”