En la Alcaldía del municipio Motatán no cesan las injusticias en el ámbito laboral, en esta oportunidad la víctima fue la trabajadora Damaris Cabrita, quien formaba parte del personal de mantenimiento de la plaza Bolívar desde el 17 de diciembre del año 2020, fecha de ingreso a la municipalidad que determina su permanencia por más de año y medio ininterrumpidos.
Precisamente, el pasado viernes 01 de julio en horas de la mañana cuando el equipo DLA se encontraba en las inmediaciones de la plaza Bolívar tomando gráficas para un reportaje sobre el transporte público fuimos abordados por la señora Damaris Cabrita para declarar sobre la situación que se estaba presentando con su persona en la Alcaldía.
Al respecto declaró “Ayer jueves (30 de junio) cuando me encontraba cumpliendo con mis labores aquí en la plaza Bolívar llegó el jefe de servicios públicos y me notificó verbalmente que mañana viernes no viniera a trabajar y que el lunes (04 de julio) pasara por la oficina de Disnersy”, lo cual hizo donde le notificaron que estaba despedida, siendo la causa que en la Alcaldía no podían trabajar dos esposos, y que además había que darle chance a otras personas”.
Damaris Cabrita, es una humilde persona de 57 años de edad, por tanto, como mujer estamos hablando de una persona de la tercera edad; además una persona con discapacidad motora, por deformación de la mano derecha y falta de dos dedos; y por si fuera poco sufre de epilepsia, y en esas precarias condiciones de salud cumplía cabal y responsablemente con su trabajo, de lo cual pueden dar fe compañeros de trabajo y personas que habitualmente se la pasan en la plaza Bolívar.
Para los entendidos en la materia, se trata de una flagrante violación de los derechos humanos y laborales de Damaris Cabrita, entre otras causas, su ingreso y estabilidad laboral está amparada por la Ley de Personas con Discapacidad, que establece que tanto las instituciones públicas como privadas deben cumplir con el 5% de la nómina de personal para personas con discapacidad.
Tienen la palabra los organismos competentes, Inspectoría del Trabajo, Defensoría del Pueblo, Organismos Defensores de los Derechos de la Mujer (MinMujer), Comisión de Derechos Humanos y Garantías Fundamentales del Consejo Legislativo del estado Trujillo, Cámara Municipal, entes que tienen la obligación y responsabilidad de tomar cartas en el asunto, no hacerlo simplemente se convierten en cómplices de dicha injusticia.
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Douglas Abreu / CNP 21627
@douglasabreub
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