Noemí G. Gómez
Madrid, 24 abr (EFE).- Para que una compañía digital pueda operar en Europa debe tener una política de privacidad transparente, con el consentimiento como eje central. ¿Cumple OpenAI, propietaria de ChatGPT, con la normativa? ¿Saben los usuarios cómo se utilizan sus datos? Expertos lo ponen en duda; hay motivos para la incertidumbre.
En pocos meses la inteligencia artificial ChatGPT, capaz de generar textos, imágenes o música a partir de datos existentes, ha pasado de ser una herramienta minoritaria, más cercana a un experimento de laboratorio, a un boom, y de ella preocupa, precisamente, la rapidez de su desarrollo, la propiedad intelectual, su utilización para desinformar, la ciberseguridad o su política de protección de datos.
El primero en dar la voz de alarma sobre la posible falta de privacidad fue Italia. El pasado 31 de marzo el país anunció el bloqueo del uso de ChatGPT por no respetar la ley de protección de datos de los consumidores, y la apertura de una investigación a OpenAI, a la que además solicitó una serie de medidas concretas.
El asunto ya está en Europa; el Comité Europeo de Protección de Datos ha creado un grupo de trabajo para fomentar la cooperación e intercambiar información sobre las acciones de las autoridades de protección de datos de los distintos países miembros, de Islandia, Liechtenstein y Noruega, que tienen asimismo dudas al respecto.
ACTUACIONES EN ESPAÑA
Desde España también se ha mostrado preocupación por un posible incumplimiento de la normativa. La Agencia Española de Protección de Datos (Aepd) anunció el pasado 13 de abril que iniciaba de oficio actuaciones previas de investigación a la empresa estadounidense.
La medida tomada por la Aepd «entra dentro de lo normal pero es algo excepcional», porque «no suele abrir investigaciones así», señaló a EFE Sergio de Juan-Creix, abogado de Croma Legal y profesor de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), quien recordó que el Reglamento General de Protección de
Datos (RGPD) se aplica en toda la Unión Europea pero los estados siguen siendo soberanos en la materia.
Lo que está haciendo ahora la Aepd, explicó este abogado, es pedir información a OpenAI para valorarla y establecer si el tratamiento de datos de esta empresa es acorde con las normas europeas y españolas.
¿SE TRANSFIEREN LOS DATOS A ESTADOS UNIDOS?
Habría que averiguar por ejemplo si OpenAI está transfiriendo datos de los usuarios a Estados Unidos; «Europa considera que el envío de datos a ese país no es seguro», dijo, porque allí no hay una protección equivalente, «no se cumplen los mínimos que exige la UE».
Borja Adsuara, experto en derecho digital y profesor de la Universidad Complutense de Madrid, opina igual: «lo que ha dicho la Aepd es denos información porque es lo que exige el reglamento europeo».
Hay que conocer qué datos recaba, qué hace con ellos, si se ceden a terceros o si hay transferencia internacional.
Con la explosión de ChatGPT y otras herramientas de este tipo de IA «lo que está pasando es que la gente está volcando muchísima información, no solo propia sino de otros», detalló De Juan-Creix.
Adsuara puso un ejemplo de su propia profesión: hay despachos de abogados que están «jugueteando» con esta IA, hacen escritos y meten datos de sus clientes, pero ¿saben a dónde van esos datos y su uso?
«No quiero decir con esto que OpenAI los recopile o use», pero el reglamento europeo contempla la obligación de informar.
Para el profesor de la UOC, «al parecer OpenAI no está informando de la base legal que aplica y sobre si envía datos a Estados Unidos. Al menos hay incertidumbre en todo esto. Yo no digo que termine en sanción, pero se tiene que investigar».
El reglamento europeo lo que tiene de particular es que aplica a cualquier entidad que trate datos de ciudadanos europeos, da igual si está en Japón o Estados Unidos, y obliga a las compañías a nombrar un representante en territorio europeo. De no tenerlo, pueden recibir una fuerte sanción.
Adsuara opinó que OpenAI terminará abriendo delegación en Europa, «ninguna empresa va a querer renunciar al mercado europeo», y tendrá entonces «que pasar por el aro y cumplir el reglamento, que es claro».
DESINFORMACIÓN Y PROPIEDAD INTELECTUAL
Ambos coinciden en que más allá de esta materia preocupa la desinformación o propiedad intelectual.
En el primer caso la facilidad y «perfección» con la que se pueden crear noticias falsas, ¿seremos capaces de contrastarlo todo?
Y en el segundo, ¿a quién pertenece, por ejemplo, un cuadro «pintado» por esta herramienta? ¿Es de ChatGPT, de OpenAI o del usuario que pide a la IA que lo haga? Y como para ello esta inteligencia artificial se ha nutrido de creaciones anteriores y esas pueden tener sus derechos de autor, ¿es legal? Hay que regularlo.