Víctor Álvarez R. / @victoralvarezr
Con la maniobra de forzar la sustitución de los rectores del CNE antes de que cumplieran su período legal de siete años y generar así una crisis institucional en el poder electoral, el gobierno actúa con mucha astucia y malicia a fin de lograr al menos los siguientes objetivos:
- Abortar la restauración del prestigio institucional del CNE
La legitimidad de desempeño del poder electoral se venía gestando gradualmente gracias a un arbitraje institucional liderado por los rectores Roberto Picón y Enrique Márquez, identificados con la oposición, que opacaron al presidente del CNE, Pedro Calzadilla, y demás rectores principales y suplentes identificados con el gobierno.
El oficialismo tiene claro el enorme rechazo que sufre entre los electores y para conjurar la amenaza de ser barrido en las Presidenciales de 2024 necesita un árbitro electoral que luzca parcializado y subordinado a los intereses del gobierno. Con ese fin procederá a nombrar otros rectores espanta votos, deteriorar las condiciones electorales y crear dudas sobre la protección de la identidad de los electores y el resultado de las votaciones.
El objetivo del gobierno con esta maniobra es erosionar la confianza en la institución del voto, aumentar la apatía electoral y la abstención, a fin de convertir en mayoría su decadente caudal electoral.
- Dificultar la elección primaria de la Plataforma Unitaria
A fin de lograr una masiva participación del electorado opositor se calcula que hace falta instalar 4.000 centros electorales y 7.000 mesas de votación a lo largo y ancho del territorio nacional, de lo contrario a muchos electores se les dificultará llegar a los centros de votación y no podrán votar.
La elección primaria del candidato de la Plataforma Unitaria está prevista para el próximo 22 de octubre, pero la Comisión Nacional de Primaria (CNP) no tiene la capacidad logística para lograr una cobertura de esta dimensión y garantizar así unos comicios lo más incluyentes posibles.
Una vez designada la Comisión Preliminar del Comité de Postulaciones se estima que -si no hay retrasos en el cronograma para recibir, evaluar y decidir sobre las postulaciones- los nuevos rectores del CNE deberían ser designados en un plazo de 90 días; es decir, a apenas un mes de la elección primaria.
Está cantado que el gobierno entorpecerá y demorará el proceso de evaluación y selección de los nuevos rectores para forzar una elección primaria con baja participación, que impida hacer una gran demostración de fuerza y capacidad de organización y movilización del electorado opositor, lo cual tendría un impacto desmoralizador y agravaría la desesperanza y apatía electoral.
- Evitar la conformación de una poderosa maquinaria electoral opositora
Se calcula también que para cubrir 4.000 centros electorales y 7.000 mesas de votación se requiere organizar una maquinaria electoral de al menos 30.000 personas que, además de los miembros y testigos de mesa, incluya el personal logístico para el transporte y movilización de los participantes.
Por lo tanto, otro objetivo encubierto del gobierno al inducir una primaria auto-gestionada y con limitada cobertura nacional es evitar la conformación de una poderosa maquinaria electoral a lo largo y ancho del país que defienda los votos del candidato opositor en las elecciones presidenciales de 2024.
El gobierno quiere evitar una elección primaria con la asistencia técnica del CNE que despeje las dudas sobre la protección de la identidad del elector, con una masiva movilización que deje como saldo una poderosa maquinaria electoral opositora organizada en los 23 estados y 335 municipios del país
- Enfocar el debate en la agenda electoral y no en la crisis económica
Con esta jugada, el gobierno se propone enfocar la opinión pública en la diatriba político-electoral y desviar la crítica a la incesante inflación, la pulverización de los salarios; el colapso de los servicios públicos de electricidad, agua potable, gas doméstico, telecomunicaciones; el deterioro de los sistemas de salud y educación y demás problemas que agobian a los hogares venezolanos y motivan el creciente rechazo de los electores a la gestión de gobierno.
El principal problema que atormenta a las familias no es el político ni el electoral, es el económico: el ingreso no alcanza para comprar la canasta alimentaria, mucho menos para adquirir la canasta básica. Con la maniobra de dinamitar el CNE, el gobierno se propone enfocar el debate en la inviabilidad de la elección primaria, la elección de un candidato opositor por consenso y la mejora de las condiciones electorales, pero esto no es lo que preocupa y motiva a la gente.
Al gobierno le interesa que sus adversarios descuiden el desarrollo de una oferta electoral sintonizada con la urgencia de una población exhausta por la crisis. Teme que si la dirigencia política finalmente logra conectar su narrativa con las necesidades de la gente, el elector recuperará la confianza en el voto, superará su apatía electoral y se sentirá motivado a votar masivamente en la elección primaria y, sobre todo, en contra del gobierno en las presidenciales de 2024.
- Agravar la desconfianza en el voto y aumentar la apatía electoral
El oficialismo tiene claro que no cuenta con la mayoría popular. Su caudal de votos ha mermado elección tras elección. Solo si enfrenta a una oposición dividida en un ambiente de desconfianza en el voto y de apatía electoral, es que hará concesiones para celebrar unas elecciones que puedan ser reconocidas nacional e internacionalmente. Pero si el oficialismo calcula que está comprometida su continuidad en el poder, empañará la transparencia del proceso electoral para exacerbar la división y abstención que lo pongan a ganar.
Hay quienes le hacen el juego a la estrategia divisionista y abstencionista del gobierno y con la designación de un nuevo CNE integrado por rectores espanta votos, desempolvarán sus viejos argumentos para no medirse en unos comicios con un árbitro parcializado con el gobierno. Vale recordar que aun en desventajosas condiciones electorales y con un CNE funcional al gobierno, la oposición ganó la Asamblea Nacional de 2015, y conquistó 124 alcaldías y cuatro gobernaciones en las Megaelecciones de 2021, pudiendo haber ganado 14 gobernaciones y más de 200 alcaldías si hubiese competido con un candidato único y unitario, en vez de haberse presentado dividida.
Con estos resultados se demostró que las favorables condiciones políticas son más decisivas que las desventajosas condiciones electorales. Con más del 75º% del electorado en contra de la gestión del gobierno, no participar apelando a la designación de un árbitro parcializado o alegando la falta de condiciones electorales, es más un pretexto de quienes temen caer derrotados si se presentan otra vez divididos al no haber sido capaces de subordinar al interés nacional sus intereses políticos particulares y sus ambiciones personales.
Los mejores estrategas se preparan para los peores escenarios
La mayoría de los precandidatos de la oposición catalogan al gobierno de Venezuela como un régimen autoritario, como una dictadura y, sin embargo, esperan de ese régimen condiciones electorales a tono con los estándares internacionales.
En la designación del poder electoral, un nuevo CNE con tres rectores del oficialismo y dos rectores de oposición será la mejor correlación de fuerzas que la oposición puede esperar de un gobierno al cual acusa de autoritario y hegemónico. ¿O acaso pretende que la dictadura que quiere derrocar le conceda una mayoría de 3 a 2 en el ente rector del poder electoral?
Bajo un régimen autoritario no hay que esperar elecciones libres ni competitivas. A una dictadura no se le piden elecciones libres y limpias, se le enfrenta en desventaja y en las peores circunstancias con base en la organización y movilización de la inmensa mayoría que quiere un cambio en el mando político por la vía electoral y pacífica.
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