Víctor Álvarez R. / @victoralvarezr
Con mucha frecuencia, en el debate político-electoral venezolano escuchamos hablar de la necesidad de mejorar las condiciones electorales para poder realizar unas elecciones libres, transparentes y competitivas, a tono con los estándares internacionales. Pero poco sabemos en qué consisten esos estándares internacionales de los procesos electorales.
ISO (por sus siglas en inglés) es la Organización Internacional de Normalización de la que forman parte los organismos nacionales de normalización. Elabora normas internacionales a través de los llamados Comités Técnicos de ISO. ISO aplicó los requisitos genéricos de sus normas para evaluar y demostrar la capacidad real de las instituciones electorales de organizar un proceso electoral de calidad, cuyos resultados puedan ser reconocidos nacional e internacionalmente.
La ISO/TS 17582:2014 fue la primera norma de carácter internacional que propuso un marco de gestión de la calidad para los procesos electorales. En su contenido se adecuaron los requisitos de la norma ISO 9001 para su aplicación en organizaciones electorales. Fue desarrollada por un grupo de trabajo dirigido por la OEA y publicada el 14 de febrero de 2014 por la Organización Internacional de Normalización (ISO). Luego, en 2019 se publicó la norma ISO/TS 54001:2019 (en adelante norma ISO) que es un estándar internacional basado en la norma ISO 9001:2015, aplicable a organizaciones electorales para todos los niveles de gobierno.
Esta norma puede ser una referencia de mucha utilidad a fin de conocer cuáles son esos estándares internacionales para la organización de un proceso electoral, toda vez que especifica los requisitos que debe cumplir un sistema de gestión de la calidad del poder electoral, el cual debe demostrar su capacidad para gestionar elecciones limpias por votación directa, universal y secreta; y, proporcionar resultados transparentes, justos y confiables.
La confianza en la institución del voto y en el poder electoral es un sustento clave del sistema político democrático en el que la soberanía nacional es ejercida a través del voto y se elige para gobernar al candidato que la mayoría considera está mejor preparado y cuenta con el mejor programa de gobierno.
Esta norma comienza por señalar que se puede hablar de elecciones libres cuando los ciudadanos ejercen masivamente su derecho al voto, sin mayores restricciones que las que establecen la ley y la normativa electoral. Pero cuando no funciona el registro electoral permanente, se intervienen partidos políticos o inhabilitan a sus candidatos, se atenta contra unas elecciones libres y transparentes, a tono con los estándares internacionales.
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A fin de poder ejercer los derechos políticos y electorales, es necesario activar el Registro Electoral Permanente (REP) para que puedan inscribirse y actualizar sus datos todas las personas en edad de votar. Esto es esencial para el ejercicio de la soberanía popular a través del voto. Pero también es muy importante el registro de las organizaciones políticas y de sus candidatos, de tal forma que los electores puedan votar libremente por la opción que mejor interprete sus necesidades e intereses.
La legitimidad de desempeño del poder electoral se construye antes, durante y después de la elección. La emisión y recuento de los votos son los momentos culminantes de un largo proceso que debe estar debidamente gestionado para que refleje fielmente la voluntad del electorado. Cuando todo el proceso electoral se realiza de manera transparente y precisa, aumenta la confianza en las elecciones, se aceptan los resultados finales y se proclama a los ganadores, sin menoscabo de procesar las quejas y apelaciones electorales que eventualmente pudieran presentarse.
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