Por: Jessica León
Recientemente se han difundido videos en las redes sociales de presuntos castigos que aplican grupos irregulares a habitantes de Tumeremo, estado Bolívar, que cometen algunos delitos como robos, violencia doméstica, abusos sexuales, entre otros.
Debido a esto Karla Ávila, defensora de los derechos humanos y directora de la Fundación Lucelia, consideró en entrevista con Todos Ahora que es necesario que el Estado vigile estas acciones.
¿Están los grupos por encima de las autoridades?
La defensora señaló que estos grupos están por encima de las autoridades.»Son personas que siembran el terror en las comunidades donde se desenvuelven, por lo tanto no puedo estar de acuerdo con esa situación», dijo.
Por otro lado, mencionó que la corrupción y la impunidad hacen que estos grupos irregulares actúen, por lo que a los habitantes no les queda más remedio que rendirse. En muchos casos los hostigan y someten a través de amenazas, secuestros, reclutamiento de niños, niñas y adolescentes, violencia sexual, trabajo forzado y en el peor de los casos son asesinados.
¿Qué demuestran este tipo de acciones?
La defensora explicó que la situación al sur del estado Bolívar, la cual se está extendiendo a otros estados, demuestra que la delincuencia organizada está ganando terreno, está dominando a ciudadanos que son vulnerables ante la violencia armada y pone en riesgo la vida de muchas personas que lo único que desean es vivir en un país normal.
«La libertad de poder hacer lo que los grupos irregulares y violentos quieren es gracias a la impunidad con la que actúan, ya que pocas veces aprehenden a quienes cometen delitos de cualquier tipo en las zonas en conflicto. Allí la única ley que reina es la del más fuerte», dijo.
¿Has recibido denuncia internamente sobre estos casos?
Las denuncias que he visto son las que se visibilizan por cuentas anónimas en redes sociales, motivo por el cual hay que ser muy cuidadosos con lo que encontramos en el mundo digital. Muchas veces hay informaciones que no corresponden al lugar de donde dice ser. Siempre es muy importante verificar la información. Sin embargo, bajo esta realidad que se vive en Venezuela, especialmente en Bolívar, es difícil llegar hasta los testigos directos», expresó.
Asimismo, Ávila acotó que las organizaciones de derechos humanos que documentan casos como los de estos «castigos» en zonas fronterizas, mineras o de conflictos armados, tienen un rol fundamental en la detección e identificación del patrón sistemático de cómo actúan los grupos irregulares. Además, aportan datos importantes para señalar no solamente los delitos cometidos, sino también las violaciones a los derechos humanos en Venezuela.
¿Cuáles son los tipos de castigos que aplican los grupos irregulares?
Una fuente protegida que reside en Tumeremo comentó que los grupos irregulares han creado estos tipos de sanciones para poder castigar a las personas que cometen delitos dentro de las comunidades.
Entre estas destacan cortarle el cabello a la persona que cometen un delito, desnudarlos, ponerles carteles en alguna parte de su cuerpo, y hasta llegar a correrlos del pueblo. También es importante mencionar que los castigos dependen del
daño que haya cometido el ciudadano.
«Dentro del pueblo existe un sitio donde se resuelve esta situación con los culpables. Todo acto de violencia o hurto se sanciona, por eso es muy raro que un teléfono lo roben dentro de una comunidad», dijo la fuente.
Sin embargo, afirmó que sí existen las sanciones. A ese sitio va el que hurta, roba, el que comete violencia doméstica, violaciones y también el que le debe dinero a alguien. Este sitio es llamado Defensoría del Pueblo.
El llamado a las autoridades
La defensora consideró que las autoridades deberían ser competentes, es decir, que sean capaces de erradicar estos grupos violentos desde sus raíces.
«En esas zonas de conflicto, quienes ejercen autoridad son precisamente los grupos armados, entonces hay que revertir eso, nunca debió permitirse. No se puede confiar en delincuentes», dijo.
Por otro lado, mencionó que los seres humanos tienen derecho a la vida y muchos ciudadanos están expuestos a los grupos violentos.
«No es justo que se consideren a algunas personas como ciudadanos de primera y a otros de segunda. Pensar eso es irracional porque todos los seres humanos tenemos derecho a una vida libre de violencia. Quienes están expuestos a hostigamiento por parte de grupos violentos deben ser protegidos», concluyó.
Fuente: Todos Ahora