Buenos Aires, 20 jun (EFE).- La expresidenta argentina Cristina Fernández (2007-2015) reclamó este viernes ante la Justicia que el régimen de visitas que se le impuso para su prisión domiciliaria, que exige solicitar una autorización judicial para recibir a cualquier persona que exceda a sus familiares, abogados y médicos, es «totalmente arbitrario» y violatorio de sus derechos civiles.
«El resto de mis relaciones con el mundo exterior… amigos, amigas, compañeros, compañeras… y otras personas que conozco y me vinculo por el solo hecho de ser una persona que tiene vida… cada vez que quieran visitarme deberán presentar una solicitud al Tribunal y luego esperar su autorización; en un régimen de exclusión totalmente arbitrario, que no se le aplica a nadie y violatorio de mis más elementales derechos civiles», escribió la líder peronista en su perfil de la red social X.
La exmandataria solicitó que la Justicia Argentina deje sin efecto la decisión que la obliga a exponer los motivos y solicitar una autorización judicial por cada visita que no esté incluida en la lista de familiares, abogados y médicos que debió consignar.
«¿Habrá una Constitución y Códigos Penales y Procesales especiales, redactados únicamente para mí y que nunca me enseñaron en la facultad?», se preguntó Fernández.
En el recurso de reposición presentado, la defensa de Fernández argumentó que la medida «genera un agravio actual, concreto y específico» contra ella y que la limitación impuesta «resulta incompatible con el derecho a la vida familiar y social, protegido por los arts. 14, 19 y 75 inc. 22 de la Constitución Nacional».
La presentación se produce un día después de que la Justicia contestara un pedido de aclatatoria sobre si la exmandataria podía o no utilizar el balcón de su domicilio, bajo el que todos los días se congregan simpatizantes peronistas.
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La Justicia emitió el jueves una resolución en la que aclaró que, en principio, no le veda «el uso y goce de ningún espacio específico de la arquitectura del inmueble en el que habita».
El tribunal puntualizó, sin embargo, que la líder peronista debe comportarse con «prudencia» en el uso de su balcón para evitar «perturbar la tranquilidad y la convivencia pacífica del vecindario y sus habitantes».
Tras la resolución, la exmandataria, de 72 años, se asomó unos breves minutos por el afamado balcón para saludar a sus seguidores.
Fernández cumple desde el martes 17 de junio una condena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por el delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado por irregularidades en la concesión de obras viales.
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