Buenos Aires, 6 dic (EFE).- La primera condena judicial que la vicepresidenta argentina, Cristina Fernández, recibe por hechos de corrupción durante sus mandatos como presidenta (2007-2015), es por ahora el último capítulo de su engrosado historial judicial, que incluye varias acusaciones, en algunas de las cuales fue, el menos por ahora, sobreseída.
La líder del peronismo kirchnerista, que tiene inmunidad hasta diciembre de 2023, cuando termina su mandato como vicepresidenta, fue sentenciada este martes a 6 años de prisión por ser considerada culpable de administración fraudulenta de fondos públicos en la concesión de obras públicas.
Para ser efectiva, esa condena deberá transitar un largo peregrinaje hasta ser, en un futuro que no se vislumbra cercano, refrendada o rechazada por la Corte Suprema. Mientras, el derrotero judicial de Cristina, como la conocen sus seguidores y detractores, sigue su curso.
JUSTICIA Y VIENTOS POLÍTICOS
Desde que en 2016, tras culminar su segundo mandato, fue procesada por primera vez -en una causa por supuestas irregularidades en operaciones con contratos de futuros de dólar durante su Presidencia-, multitud de imputaciones fueron emergiendo.
Ya fuera por presuntos negocios espurios con empresarios mediante Hotesur y Los Sauces, sociedades inmobiliarias de su propiedad, o por encabezar una enorme red de cobro de sobornos en la mediática «Causa de los cuadernos». También por el uso de aviones oficiales para enviar periódicos a su residencia en el sur del país o por atesorar documentos históricos que según el juez deberían estar en manos del Estado.
«Lo único que les falta es acusarme de la muerte de Kennedy», llegó a decir Cristina en 2016, cuando se reabrió el expediente en el que se la acusaba de haber querido encubrir, mediante un pacto con Irán, a los sospechosos de ese país de cometer el atentado contra una mutua judía de Buenos Aires en 1994.
Aforada entonces por ser senadora, evitó entrar en prisión pese a las órdenes de detención contra ella.
Reiteradamente, la viuda del expresidente Néstor Kirchner (2003-2007) -fallecido en 2010 pero también sospechado en algunas de las causas- ha negado las acusaciones y asegurado que responden a una persecución judicial impulsada por el exmandatario Mauricio Macri (2015-2019) junto a los medios de comunicación «hegemónicos».
En mayo de 2019, con Macri -que siempre insistió en que no influyó en la Justicia- aún en el Gobierno, comenzó el hasta ahora único juicio celebrado en su contra, concluido este martes.
RETORNO AL PODER
Desde que en 2019 Cristina Fernández volvió al poder con Alberto Fernández como presidente, la Justicia ha tomado varias decisiones que han favorecido a exfuncionarios kirchneristas que habían sido acusados y/o encarcelados, y ella ha sido sobreseída en causas como «Dólar Futuro», «Memorando con Irán» y «Hotesur y Los Sauces», expediente que afecta también a sus hijos, Máximo y Florencia.
Sobreseimientos que fueron apelados y que tribunales superiores estudian si ratifican o desestiman.
La vicepresidenta, que conserva una importante base de incondicionales seguidores y cuya influencia política, tanto cuando era presidenta como después opositora y ahora de nuevo en el Gobierno, ha sido siempre determinante, desveló este martes que no concurrirá a las elecciones de 2023.
Pese a que algunos analistas apuntaban a que, por la impopularidad del Gobierno peronista por las dificultades económicas que arrastra el país, la expresidenta, de 69 años, se conformaría con ser senadora, cargo que le permitiría blindarse ante una detención, tras conocerse la sentencia en su contra anunció que no será «candidata a nada».
UNA VIDA POLÍTICA
Hija de una empleada estatal y un conductor de autobuses, Cristina Fernández estudió Derecho en su natal La Plata, donde en 1974 conoció a Kirchner, con quien compartió militancia política.
Tras casarse, y con el estallido de la dictadura (1976-1983), se mudaron a Río Gallegos -ciudad natal de él-, y se desempeñaron como abogados. En 1987, Kirchner fue elegido alcalde de esa ciudad y en 1991 gobernador provincial de Santa Cruz.
Mientras, a lo largo de los 90 y los 2000, ella fue diputada provincial, nacional y senadora. Una popularidad aún más fuerte desde 2003, con Kirchner como presidente, quien afianzó al país tras la crisis de 2001.
En 2007, la candidata presidencial fue ella. Ganó y siguió la estela ‘nacional, popular y democrática’ de su esposo, con ahínco en la política social y de derechos humanos.
Tras enviudar, fue reelegida en 2011 con un 54 % de votos, para un último mandato que quedó marcado por polémicas decisiones como la expropiación de YPF o la restricción a la compra de dólares por la inestabilidad económica.
Pero también por oscuros capítulos como la muerte, aún hoy por aclarar, del fiscal Alberto Nisman, que la había acusado de encubrir a los iraníes.
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