Quito / Guayaquil (Ecuador), 28 may (EFE).- Unos 20.000 pacientes con insuficiencia renal, que requieren diálisis en Ecuador, viven desde hace año y medio una angustiosa incertidumbre. Esto debido a las millonarias deudas que acumula el Gobierno con las clínicas privadas donde reciben el tratamiento, cuyo servicio necesitan para seguir viviendo.
Los impagos llegaron a acumularse por más de un año, según asegura a EFE el propietario de uno de estos centros privados que atiende hasta cuatro turnos diarios, desde las 5:00 hasta la 1:00 hora local del día siguiente (12:00 a 6:00 GMT del día siguiente). Cada paciente debe pasar al menos tres veces por semana, en sesiones de cuatro horas.
Desde 2008, año en que la insuficiencia renal fuera declarada en Ecuador como una enfermedad catastrófica, la diálisis está cubierta por el Estado. Sin embargo, no cuenta con capacidad para atender a todos y debe derivar a clínicas privadas al 88 % de los pacientes, que ascienden a unos 17.000.
La deuda hasta abril se aproximaba a los 200 millones de dólares, según la Asociación de Centros de Diálisis del Ecuador.
Consultado por EFE, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) señaló que está dando prioridad a los pagos a las dializadoras. Así, en 2024 pagó 113 millones de dólares y este año ha pagado 65,5 millones de dólares, si bien admite que no ha terminado las auditorías para saldar las deudas de 2024, con un cronograma que «depende de los recursos económicos presentes y futuros».
Mientras, el Ministerio de Salud Pública ha pagado en las últimas semanas mediante bonos de deuda, y las clínicas han tenido que revenderlos para conseguir liquidez.
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Demanda en tribunales
Desde las clínicas afirman que la deuda es todavía grande. De forma puntual, determinados centros han reducido terapias o han dejado de hacer análisis y dar medicamentos, según denuncia la paciente Gabriela Álvaro, quien ha presentado en la Justicia una acción de protección contra el Gobierno y las instituciones estatales de salud.
«Hay dializadoras que han quitado media hora de diálisis. Otras han quitado una diálisis de las tres semanales y, si el paciente desea realizar las tercera, deben comprar esos insumos», explica a EFE Álvaro, que comenzó con las diálisis a los 23 años y tuvo que volver a ellas después de que le fallara un trasplante de riñón.
«El año pasado, en Guayaquil, clausuraron una clínica porque el dueño salía a los plantones de los pacientes. La clínica dejó de recibir recursos. Los pacientes tuvieron que comprar los insumos durante ocho meses hasta que la clínica cerró y tuvieron que ser derivados a la red pública», denuncia.
Y es que la deuda ha impactado también a los proveedores, que en algunos casos han suspendido el suministro de productos a los centros de diálisis. Así lo ha vivido en primera persona Roberto García, que ha tenido que comprar los implementos para su diálisis.
Hasta en tres ocasiones le dijeron en su centro que no iban a realizarse más diálisis por falta de insumos. Por ello, junto a otros pacientes, terminó comprando cada kit en más de 40 dólares. Un conocido suyo falleció porque, según asegura, no pudo comprar los insumos.
Cuestión de vida o muerte
«Nuestra vida depende de una máquina, y no puede ser que también dependa de que haya voluntad para pagar y poder adquirir todos los materiales», señala el hombre, quien agrega que ellos tienen «ganas de vivir» y lamentan que, por el «poco interés» que parece haber en esta situación, se les quite ese deseo.
«Por eso, este problema requiere una solución rápida», indica a EFE la presidenta de la Asociación de Clínicas y Hospitales Privados de Ecuador (ACHPE), Ana Delgado.
La líder del gremio reivindicó el «profesionalismo y compromiso ético que el sector privado ha tenido, porque no cualquiera puede afrontar una deuda de tantos años». «Nuestras instituciones han soportado la atención de los pacientes cuando el Estado no tenía la capacidad de hacerlo», remarca.
Posible recorte de tarifa
A la deuda se le añade ahora otra preocupación adicional: una propuesta del IESS de reducir a 1.100 dólares el precio mensual de la terapia, fijado hace más de una década en 1.456 dólares. Tanto pacientes como clínicas lo ven insuficiente para cubrir los costes de la atención, que incluye de 13 a 14 diálisis por mes, además de análisis, medicamentos y atención médica.
El IESS alega que el tarifario «establece los techos máximos de las prestaciones de salud, mismo que puede variar de acuerdo a las condiciones del mercado». «El IESS jamás tomaría una decisión en perjuicio de sus afiliados», asevera.
En cambio, Delgado sostiene que la propuesta atenta contra la integralidad de la atención y augura que causará un incremento de costosas hospitalizaciones de pacientes, cuando hasta ahora el programa de diálisis de Ecuador se ha mostrado modélico, con una tasa de ingreso hospitalario del 33,1 %, frente al 67,5 % de Colombia o al 72,6 % de Brasil.
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