Mary Grecia Rojas / El Nacional
El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunció que aumentó a 16 el número de personas privadas de libertad que han muerto bajo custodia del Estado venezolano entre abril y la primera quincena de mayo de 2026.
La organización confirmó el deceso más reciente, el de Gregorio Antonio Arias, recluido en la Comunidad Penitenciaria de Coro, estado Falcón. El OVP atribuye estas muertes a «hacinamiento, violencia y ausencia de garantías mínimas para la vida», según un comunicado difundido en la plataforma X.
🚨#OVPDenuncia Ya suman 16 las personas privadas de libertad fallecidas bajo custodia del Estado venezolano entre abril y la primera quincena de mayo de 2026.
La nueva víctima es Gregorio Antonio Arias, recluido en la Comunidad Penitenciaria de Coro, estado #Falcón. Su muerte se… pic.twitter.com/UunU0RdyND
— Observatorio Venezolano de Prisiones (@oveprisiones) May 13, 2026
Desde abril, el OVP ha documentado el fallecimiento de reclusos en centros penitenciarios como Rodeo III, Rodeo IV, ambos ubicados en Miranda; Uribana y Fénix, en el estado Lara; Tocuyito en Carabobo, El Marite en Maracaibo; Centro de Reclusión Penitenciario Judicial 26 de Julio de Guárico y calabozos de la Policía Municipal de Anaco, estado Anzoátegui, donde falleció el exconcejal José Manuel García Sabino.
A dichos casos se suman los decesos reportados en Yare III con cinco fallecidos, un suceso que las autoridades calificaron como «motín», mientras los familiares alegan que las víctimas presentaban heridas por arma de fuego en los cuerpos.
La ONG se refirió al artículo 43 de la Constitución, el cual establece que «el derecho a la vida es inviolable (…) Ninguna ley podrá establecer la pena de muerte, ni autoridad alguna aplicarla (…) El Estado protegerá la vida de las personas que se encuentren privadas de su libertad», enunciado que la organización contrasta con la «operación de exterminio silenciosa dentro de los penales», se lee en el texto.
El OVP señaló que las muertes corresponden a la mala alimentación y falta de atención médica, lo que obliga a las familias de los reclusos a costear los medicamentos.
En este sentido, la organización exigió a las autoridades investigar a profundidad cada una de las muertes registradas. «La crisis penitenciaria venezolana ya no puede medirse solo por el número de centros colapsados, sino por la cantidad de cuerpos que siguen saliendo de ellos», recalcó.