EFE.- El gobierno de Nicolás Maduro creó en marzo de 2016 un sistema de venta de cajas de alimentos subsidiados para intentar paliar el desabastecimiento de comida en abastos y supermercados pero un año y nueve meses después, los comercios lucen prácticamente vacíos, mientras las denuncias y quejas aumentan.
Protestas que han culminado en saqueos y denuncias de corrupción en el manejo de estas cajas de alimentos de los llamados Comités Locales de Abastecimiento y Producción conocidos como CLAP se han desarrollado en los últimos días porque nunca llegan o se tardan meses en llegar.
El gobierno ha dicho que incrementará la cantidad de cajas para beneficiar a más familias, aunque también informó, hace pocos días, del aumento de precio de estos paquetes de 13 o 14 kilos de productos que supuestamente alimentan a cinco de los 31 millones que viven en Venezuela.
Las cajas contienen cuatro latas de atún, dos botellas de aceite vegetal de 900 ml, un kilo de arroz, un kilo de azúcar, un kilo de harina de maíz, dos kilos de leche en polvo, dos kilos de espagueti, medio kilo de pasta corta, dos bolsas de fríjoles negros, dos bolsas de lentejas, una botellita de salsa de tomate y una bolsita de mayonesa.
Efe tuvo acceso a una de estas cajas y además de verificar este contenido, verificó que todos los productos -con etiqueta- son importados y que ninguno tiene el número de registro sanitario de Venezuela lo que confirma algunas de las denuncias del diputado opositor Carlos Paparoni sobre este tema.
El atún es de Costa Rica, el aceite de Argentina, la pasta corta es peruana, el arroz de Guyana, el fríjol negro y la leche son de México, la mayonesa es de Brasil, la harina de maíz y el azúcar son de Colombia y la salsa de tomate de El Salvador.
El espagueti está identificado como un «producto peruano» pero «importado y distribuido» por una empresa panameña, mientras que las lentejas están empaquetadas en una bolsa transparente sin identificación alguna.
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Las cajas cargadas de alimentos, que empezaron siendo bolsas, surgieron cuando en el país se manejaban tres tipos de cambio siendo el más bajo 6,30 bolívares por dólar que, según el gobierno, solo estaban disponibles para comprar alimentos y medicinas, un canje que ya subió a 10 bolívares por moneda estadounidense.
En la actualidad, es el dólar a 10 bolívares el que se destina a estas compras vitales por lo que los CLAP deberían ser adquiridos bajo este cambio -de los dos que existen- aunque el gobierno no ha ofrecido un reporte detallado sobre este tema.
Bajo estos mecanismos de cambio las cajas han pasado de costar 4.000 bolívares, cuando empezaron a distribuirse en 2016, a 25.000 bolívares.
Paparoni dijo que en la investigación que hizo el Parlamento se ha descubierto que las cajas CLAP son compradas a empresas mexicanas a través intermediarios, acusados de corrupción, que a su vez adquieren los productos de otros intermediarios y que por ello se han incrementado los costos.
Sin embargo asegura que los intermediarios que negocian directamente con el gobierno recuperan 100% del costo pues las compran a 22.000 bolívares y las venden al Estado al doble a un cambio que no se ha especificado.
Paparoni dijo que estos intermediarios son los empresarios Samark López y Alex Saab, no obstante, el primero dijo – a través de su oficina de prensa- que desde hace un año se desentendió del negocio de los CLAP.
Con respecto a Saab la ex fiscal venezolana Luisa Ortega declaró a periodistas poco después de su destitución en agosto pasado que se mantenía en marcha una investigación sobre la supuesta corrupción en el manejo de las cajas CLAP y mencionó a este empresario.
Muchas de las protestas que se han producido recientemente tienen que ver con que las cajas CLAP no llegan a la mayoría de las familias más necesitadas del país, compuestas por un mínimo de cinco miembros.
