- No existe evidencia pública sobre la gestión de la Defensoría del Pueblo frente las denuncias de violaciones de derechos humanos y del debido proceso de los detenidos en el contexto postelectoral venezolano, además organismos nacionales e internacionales han documentado un patrón de omisión y falta de independencia institucional
Por el equipo de Cotejo.info
La Defensoría del Pueblo de Venezuela ha sido objeto de cuestionamientos de parte de organizaciones y defensores de derechos humanos por su aparente inacción frente a las denuncias públicas sobre vulneraciones de estos principios hacia los detenidos en el contexto postelectoral venezolano.
En este sentido, Ligia Bolívar, activista y experta en derechos humanos, dijo en una entrevista para el medio Runrunes que “el papel de la Defensoría del Pueblo es defender y no lo hace, está del lado del represor”, destacando la falta de respuesta del organismo ante detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y violaciones al debido proceso, luego de la elección presidencial del pasado 28 de julio.
El equipo de Cotejo.info, iniciativa de verificación de Medianálisis, analizó esta afirmación y tras revisar más de 150 publicaciones de la Defensoría del Pueblo, corroboró que no hay pronunciamientos oficiales frente a las detenciones arbitrarias y desapariciones ocurridas tras los comicios. En contraste, las publicaciones de la institución se enfocan en actividades protocolares y foros, sin abordar los casos denunciados y pese a que en algunos post de redes sociales solo se limitan a ofrecer un canal de comunicación para denunciar posibles vulneraciones de DDHH en el país.
Según cifras del Foro Penal, Venezuela registra 1.976 presos políticos, incluyendo 70 menores de edad hasta el 11 de noviembre de 2024. Las detenciones, catalogadas como “arbitrarias” han ido acompañadas por denuncias de “tortura, hacinamiento, desapariciones forzadas y restricciones al derecho a la defensa privada”. La Defensoría no ha expuesto su posición frente a estos hechos.
En este sentido, Bolívar enfatizó que “no hay evidencia de que un defensor público haya presentado pruebas de las violaciones, a pesar de las denuncias reiteradas de familiares”, lo cual es cierto.
De igual manera, organismos internacionales como la Misión de Determinación de Hechos de la ONU y ONGs nacionales han señalado la falta de diligencia de la Defensoría. La Misión denunció que esta institución ha omitido sistemáticamente investigar las violaciones de derechos humanos, incumpliendo su mandato constitucional y perpetuando la impunidad en casos de tortura, violencia sexual y desapariciones forzadas.
Desde 2016, la Defensoría del Pueblo ha sido degradada por organismos internacionales, como la GANHRI, debido a su falta de independencia y transparencia. En informes recientes, organizaciones como Provea y Acceso a la Justicia han reiterado estas críticas, señalando que el titular actual, Alfredo Ruíz, se ha alineado con el Gobierno, lo que limita su capacidad de actuar en defensa de los derechos humanos.
La situación en Venezuela sigue siendo objeto de investigación, documentación y análisis de parte de instancias nacionales e internacionales, no solo por la crisis de derechos humanos, sino también por la falta de instituciones independientes que velen por la protección de los ciudadanos. Ligia Bolívar sugiera que “la Defensoría del Pueblo debe empezar por escuchar a las víctimas y cumplir con su mandato constitucional”.
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