San José, 6 jul (EFE).- El Gobierno de Costa Rica expresó este jueves su «profunda preocupación» por la inhabilitación de 15 años para ejercer cargos públicos dictada en Venezuela contra la dirigente opositora María Corina Machado, quien aspira a ser candidata presidencial.
«Costa Rica expresa su profunda preocupación por la decisión de la Contraloría General de la República Bolivariana de Venezuela de extender a 15 años la medida administrativa que en 2015 inhabilitó por 12 meses a la señora María Corina Machado para ejercer cualquier cargo público», indica un comunicado de la Cancillería costarricense.
El Gobierno de Costa Rica agregó que «la participación política plena y libre es esencial para el efectivo ejercicio de la democracia, la estabilidad y el progreso de cualquier nación» y reiteró su «firme posición en defensa de la democracia y los derechos humanos como la única vía para el desarrollo de los pueblos».
«De cara a las elecciones de 2024, Costa Rica apoya una solución política, pacífica, democrática, y entre venezolanos, a la larga crisis política que ha afectado a ese hermano país en los últimos años», concluyó la Cancillería costarricense.
La Contraloría General de Venezuela anunció el pasado viernes que Machado, favorita para vencer las primarias de la oposición en octubre, previas a las elecciones presidenciales de 2024, se encuentra inhabilitada para competir por un cargo de elección popular por un total de 15 años.
El Gobierno anterior de Costa Rica (2018-2022), encabezado por Carlos Alvarado, decidió no enviar embajador a Nicaragua y a Venezuela debido a las violaciones a los derecho humanos y a la falta de transparencia en los procesos electorales, y además desconoció la legitimidad de Nicolás Maduro como presidente venezolano tras su última reelección.
En su momento, Costa Rica reconoció a Juan Guaidó como presidente de Venezuela y acogió a una embajadora enviada por él.
El actual Gobierno de Costa Rica, dirigido por el presidente Rodrigo Chaves, ha mantenido la decisión de su antecesor de no nombrar embajadores en Venezuela ni en Nicaragua, países que atraviesan crisis políticas y sociales que han desencadenado flujos migratorios hacia Costa Rica y otros países del continente.
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