Bogotá, 17 jul (EFE).- La Corte Suprema de Justicia citó a declarar como testigos al presidente colombiano, Gustavo Petro; al ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, y a otro alto funcionario por un caso de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) que involucra a los jefes del Senado y la Cámara de Representantes.
El alto tribunal «determinó declaración del presidente Gustavo Petro, el ministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo y el secretario de Transparencia de la Presidencia de la República, Andrés Idárraga Franco», como parte de la investigación contra los presidentes del Senado, Iván Name (Alianza Verde), y de la Cámara de Representantes, Andrés Calle (Partido Liberal).
«La declaración del presidente Petro y del ministro Jaramillo se hará por certificación juramentada», señaló la Corte Suprema en un comunicado.
Igualmente «ordenó una inspección judicial a las oficinas de la Presidencia y la Secretaría del Senado y de la Cámara para obtener información sobre el trámite de la reforma a la salud y la reforma pensional», de las cuales la primera se hundió en su trámite legislativo y la segunda se convirtió ley.
El llamado al mandatario ocurre luego de que el exdirector de la UNGRD Olmedo López asegurara ante la Corte que la guerrilla Ejército de Liberación Nacional (ELN) recibió dineros del Estado a través de contratos de esta entidad, sumida en un escándalo de corrupción.
En una declaración que dio el mes pasado a investigadores de la Corte Suprema de Justicia, revelada el martes por Noticias Caracol, López aseguró: «Esto es un entramado que recoge desde ministros hasta contratistas, pero en el medio hay otros funcionarios (…) y toca a un actor que tiene una capacidad militar muy fuerte».
«El nombre que dice ese papel que le mostré a la Fiscalía y que reza en el resumen de mi declaración (…) es el ELN y su gran influencia en el departamento de Arauca (fronterizo con Venezuela)», añadió López.
El escándalo en la UNGRD comenzó cuando medios locales revelaron la supuesta malversación de 46.800 millones de pesos (unos 11,7 millones de dólares) en la compra de 40 camiones cisterna para llevar agua potable a zonas desérticas del departamento caribeño de La Guajira.
A eso se suma la revelación de que dinero de esa entidad fue utilizado para pagar sobornos a los presidentes del Senado y la Cámara de Representantes a cambio del apoyo en el Congreso para las reformas sociales del presidente Petro.
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En ese sentido, López involucró ante la Corte al ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, al hablar de la «entrega de contratos» para lograr que las comisiones del Congreso le aprobaran proyectos, como adiciones presupuestales.
