Usme (Colombia), 16 oct (EFE).- La granja Tíbares, a hora y media de Bogotá, es uno de los “casos de éxito” del Acuerdo de Paz de 2016: allí conviven y reconstruyen sus vidas excombatientes y víctimas que ahora temen que los recortes presupuestarios cercenen los programas que les están ayudando a abandonar el ciclo de la violencia.
«Nos hemos sentido, tanto víctimas como firmantes (guerrilleros), amenazados e intimidados», reconoce a EFE Angélica Bayén Muñoz, víctima de violencia sexual durante el conflicto armado.
El motivo del miedo: las críticas al acuerdo desde el nuevo Gobierno, encabezado por el presidente Abelardo de la Espriella.
Bayén llegó hace una década a Bogotá luego de dos desplazamientos forzados sucesivos, desde los departamentos de César y Vichada. Ese camino la llevó hasta la granja Tíbares, donde comenzó a “escuchar las narrativas de los exguerrilleros” y los perdonó.
El Gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) firmaron el 24 de noviembre de 2016 un Acuerdo de Paz que dio fin a más de medio siglo de conflicto armado e inició un proceso -plagado de altibajos- de restauración, búsqueda de verdad y no repetición.
Con esos objetivos nació en 2020 la granja Tíbares, donde trabajan firmantes, víctimas y pobladores en proyectos agrícolas y pecuarios.
“Esta granja ha demostrado que hay un escenario también de paz y de reconciliación. Los firmantes no son sólo beneficiarios, sino que pueden ser sujeto de construcción de paz junto con las comunidades”, sostiene Alessandro Preti, director del área de Verificación de la Misión de la ONU en Colombia.
Victimarios y víctimas
Luis González conoce el conflicto armado desde que tenía ocho años, cuando miembros de su familia fueron ejecutados por el Ejército. Este suceso y el miedo a la violencia lo orilló, según cuenta, a convertirse en guerrillero cuando era adolescente.
Luego de firmar el acuerdo en 2016, González tuvo que huir en dos ocasiones de las disidencias de las FARC, que buscaban que volviese a las armas. “Sufrí amenazas y persecución. Al no querer volver a la lucha con ellos, he tenido muchos problemas”, relata a EFE.
No es un caso aislado, explica la consejera de Paz, Víctimas y Reconciliación de la Alcaldía de Bogotá, Isabelita Mercado. “El recrudecimiento del conflicto armado ha hecho que muchos de estos excombatientes, hoy se vuelvan víctimas del conflicto. Cada vez son más los firmantes que son desplazados por razones de violencia», indica.
González relata que su proceso de reincorporación fue interrumpido por los desplazamientos y la falta de trabajo, y denuncia que el compromiso de hace una década no se ha cumplido: «No conozco la paz. Todavía no, porque estoy huyendo».
Esa sensación es compartida por Tito Cuevas, otro firmante que trabaja en la granja Tíbares y que luego de 30 años como guerrillero de las FARC tuvo que huir de Arauca a Bogotá por temor a las disidencias.
“La guerra lo que trae es desplazamientos y muchas familias se quedan a la deriva”, describe.
La incertidumbre
González y Cuevas son parte de los más de 8.000 firmantes que reciben la renta básica, un bono mensual que corresponde al 90 % de un salario mínimo y que es gestionado por la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN).
Cuando se firmó el acuerdo, se determinó entregar esa ayuda por un periodo de 24 meses, pero se ha ido extendiendo, como explica Mercado, para “garantizar la sostenibilidad del proceso de reincorporación”.
«Nos preocupa la desfinanciación a esta agencia, porque insistimos en que el país y el Gobierno le debe responder a estos (…) hombres y mujeres que tienen procesos activos en la ARN y que firmaron con el Estado», enfatiza la consejera de Paz, Víctimas y Reconciliación de la Alcaldía de Bogotá.
Insiste, además, en que las 13.000 personas integradas en las FARC que dejaron en 2016 las armas asumieron un compromiso con el Estado y no con un partido de turno, por lo que el Gobierno estatal, aunque cambie de signo, “tiene el deber de responderles».
Rolando Albeiro Acevedo, alias Octavio, excomandante del Frente Urbano Jacobo Arenas, cuenta a EFE que actualmente se encuentran en una “lucha” para que todo lo que se ha alcanzado en los diez últimos años ahora no “sea desmontado”.
“Vamos a entrar en los últimos cuatro años de implementación (del acuerdo) y no vemos una voluntad política del Gobierno actual para seguir en esa senda que se abrió con el Gobierno anterior”, sostuvo Acevedo, quien lidera el proyecto de la granja Tíbares.
Alias Octavio fue condenado por su participación en un atentado con carro bomba en 2004 y salió de la cárcel en 2017 fruto del Acuerdo de Paz. Actualmente es compareciente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en el Caso 1 y el Caso 10, y es defensor de los firmantes.
González asegura que la renta básica que recibe es su principal “manera de subsistir” y que eso le ha permitido mantenerse junto a su familia.
Por su parte, Cuevas advierte que muchos firmantes no tienen trabajo y subsisten con la renta. «Si esa renta no estuviera, mucha gente volvería a agarrar las armas», advierte Cuevas.
Para muchos, la granja Tíbares es un reflejo de que se puede alcanzar la paz en Colombia. “El Acuerdo de Paz sigue siendo una luz de esperanza para el mundo”, subraya el director de Verificación de la ONU.
Pese a la incertidumbre y desconfianza en el actual Gobierno, González asegura que no cambiaría la decisión de firmar y dejar las armas: «No me arrepiento. He tenido la oportunidad de estar con mi familia. Ha sido complejo, más duro que la guerra, pero no me arrepiento».
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