Ante el reciente informe de la Misión Internacional Independiente del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, sobre la utilización del poder judicial en Venezuela como aparato de represión contra la disidencia política, así como la politización de la justicia, involucrando jueces y fiscales, el presidente de la Fundación El Amparo y director general del Comité Internacional contra la Impunidad en Venezuela (CICIVEN), Walter Márquez, manifestó que la anunciada reforma judicial dentro del marco de las negociaciones en México entre el régimen de facto de Nicolás Maduro y un sector de la oposición venezolana, aglutinado alrededor de la plataforma unitaria, es una farsa y un engaño al pueblo venezolano y a la comunidad internacional, en virtud de que el problema central del país no es la corrupción judicial sino la crisis humanitaria compleja.
Especifica Márquez que “la crisis venezolana es consecuencia del modelo político del socialismo del siglo XXI que secuestró a las instituciones, incluyendo al poder judicial, como lo demostró el reciente informe de la ONU, al poder legislativo, al propio poder ejecutivo que mediante una estructura delincuencial ha violentado la Constitución de la República, los tratados internacionales y especialmente la soberanía popular”, expresó.
Aseguró que no se puede hacer ninguna reforma judicial en el país sin que intervenga la Asamblea Nacional, la cual es producto de la soberanía popular. “Quien designa mediante elecciones libres a la Asamblea Nacional que a su vez elige a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia en una elección de segundo grado; es decir, lo que se debe hacer es restituir la soberanía popular para que desde allí, mediante elecciones directas, transparentes y libres de cualquier coacción, el pueblo venezolano restablezca los poderes públicos mediante el sufragio, porque de lo contrario va a ser una farsa pretender una reforma judicial en dictadura, sin la intervención de una Asamblea Nacional legítima que sea electa de manera transparente y la designación de un Tribunal Supremo de Justicia producto de la legitimidad y la legalidad”, acotó.
Crisis política
Para Walter Márquez el tema central de la crisis venezolana es el político, porque a través del modelo del socialismo del siglo XXI se originó la debacle económica, los crímenes y salarios de exterminio por la privación de alimentos y medicinas, el secuestro del Tribunal Supremo de Justicia y de todos los poderes públicos, por lo que considera que en la mesa de conversaciones que se están llevando a cabo en México, el tema central debe ser la soberanía popular y un proceso electoral que permita recuperar la institucionalidad de todos los poderes públicos y de las organizaciones del país.
“En este sentido, conforme al informe de la Misión Internacional Independiente de la ONU sobre la debacle del poder judicial venezolano, denunciamos que lo que se pretende hacer en México en la mesa de conversaciones es simplemente una farsa que busca crear una falsa expectativa en la Corte Penal Internacional para dar la imagen de que en Venezuela se están reformando las instituciones del poder judicial y que se va a enjuiciar a los criminales de lesa humanidad, cuando en primer lugar éstos son crímenes no prescriben, en segundo lugar nadie puede negociar a nombre de las víctimas y en tercer lugar ninguno de los dos sectores que están conversando en México tienen legitimidad, ni el gobierno de facto ni quienes se autoproclamaron como representantes de la plataforma unitaria, ya que el G4 no representa a la inmensa mayoría del pueblo venezolano, que exige solución urgente a los graves problemas que lo afectan”.
Por último Walter Márquez ratificó su llamado a la comunidad internacional a estar muy alerta con este nuevo intento del régimen de lavarse la cara por cuanto, desde su punto de vista, “no existe legitimidad ni legalidad en ninguno de los dos sectores que se exhiben en la mesa de negociaciones en México, y lo que realmente busca Nicolás Maduro es paralizar las denuncias por crímenes de lesa humanidad en su contra que cursan en la CPI y desviar la atención hacia temas que le interesan al régimen más no al pueblo venezolano. Todos queremos una recta administración de justicia, pero que emane de la soberanía popular, mediante elecciones libres de una asamblea nacional que designe a su vez un TSJ, que ejerza sus funciones de manera transparente, legítima, autentica y sin ningún tipo de coacción política”.