Buenos Aires, 29 feb (EFE).- Las audiencias por la denominada ‘causa Vialidad’, por la que la expresidenta argentina Cristina Fernández (2007-2015) recibió una condena -apelada por ella- de 6 años de prisión e inhabilitación para cargo público, continúan después de que la también exvicepresidenta solicitara la recusación del fiscal, quien pidió aumentar su pena.
Fernández vivió un nuevo revés en la Justicia, ya que fue rechazada la petición de la exmandataria de que fueran apartados del caso el fiscal Mario Villar, quien el lunes pasado había pedido agregar la pena como «jefa de una asociación ilícita» a su condena, conocida el 6 de diciembre de 2022, y a uno de los jueces que deben dar sentencia.
El juicio revisa en segunda instancia las irregularidades en la concesión de obras viales durante el Gobierno de su marido, el ya fallecido Néstor Kirchner (2003-2007), y los dos suyos, por lo que la pena -que en su momento recibió por administración fraudulenta de fondos públicos- podría aumentar hasta 12 años de prisión si se considera la asociación ilícita.
«Mal podría pretender apartarse al fiscal porque la defensa no está de acuerdo, o entiende que resulta contradictoria la posición sobre la cual luego puede ejercer su derecho constitucional a la defensa en juicio», respondieron los jueces en la víspera.
Los jueces de la Cámara de Casación Penal también rechazaron recusar al juez Diego Barroetaveña, ya que la defensa consideró que había intervenido en otras causas que afectan a la exvicepresidenta (2019-2023), quien deberá comparecer el 7 de marzo.
En esta causa, se juzgaron irregularidades en la concesión de 51 obras públicas a firmas del empresario Lázaro Báez durante los Gobiernos de Kirchner y Fernández en la austral provincia de Santa Cruz, cuna política del kirchnerismo.
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Villar también pidió que se condene como «organizadores» de la asociación ilícita a Julio De Vido, ministro de Planificación Federal de Argentina entre 2003 y 2015; el exsecretario de Obras Públicas José López; el extitular de la Dirección Nacional de Vialidad Nelson Periotti; y a Báez.
El fiscal solicitó que se condene por el delito de «administración fraudulenta» a De Vido; Abel Fatala, exsubsecretario de Obras Públicas; y Héctor Garro, expresidente de la Agencia Provincial de Vialidad en Santa Cruz.
Villar agregó que se determine la pena a Carlos Kirchner, primo del expresidente y extitular de la Subsecretaría de Coordinación de Obra Pública Federal, por incumplimiento de los deberes de funcionario público, del que había sido sobreseído en primera instancia por considerar que ese delito había prescrito.
El fiscal pidió, además, que se confirme la sentencia condenatoria a los demás imputados por la administración fraudulenta agravada y el decomiso de los efectos del delito, 84.835 millones de pesos (unos 1.000 millones de dólares de la fecha).
Fernández -quien asegura ser víctima del ‘lawfare'(guerra legal)- solo puede ser detenida si la Corte Suprema ratifica las condenas; no obstante, por tener 70 años, gozaría de detención domiciliaria.
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