Roma, 25 ene (EFE).- La asociación de consumidores italiana Altroconsumo ha anunciado hoy que ha presentado una demanda colectiva de 60 millones de euros (unos 72,94 millones de dólares al cambio actual) contra el gigante estadounidense Apple por obsolescencia programada de sus teléfonos.
La asociación ha explicado en una nota que ha pedido a un tribunal de Milán que conceda una indemnización total de al menos 60 millones de euros a los propietarios afectados con modelos de móvil iPhone 6, 6 Plus, 6S y 6S Plus, que tuvieron que sustituir sus baterías tras haber instalado una actualización de software obligatoria.
La batalla de esta asociación contra Apple comenzó en 2014 cuando empezó a recibir numerosas quejas de clientes que experimentaban problemas en el funcionamiento de sus teléfonos inteligentes, después de aceptar esta actualización.
La Autoridad de Competencia y Mercado de Italia multó a Apple en 2018 con el pago de 10 millones de euros (unos 12,16 millones de dólares) por prácticas comerciales desleales, una sanción que la empresa recurrió y que en mayo de 2020 fue rechazada por un tribunal del Lacio (región cuya capital es Roma).
Apple lanzó entonces una campaña para reemplazar las baterías a un precio reducido, una iniciativa con la que intentó mitigar los daños y que, según la asociación italiana, no es una compensación justa.
La firma de Cupertino ya admitió hace tiempo que estaba ralentizando el funcionamiento de modelos de iPhone antiguos como el 6 y el 7 mediante las actualizaciones del sistema operativo iOS, con el objetivo, según la compañía, de compensar la capacidad más limitada de sus baterías y prevenir así que los dispositivos se sobrecargasen y apagasen.
En marzo de 2020, Apple aceptó resarcir a los consumidores de Estados Unidos con 500 millones de dólares (unos 411,25 millones de euros al cambio actual); y en noviembre de ese año también acordó pagar 113 millones de dólares (92,94 millones de euros) para poner fin a los litigios en 33 estados del país.
La de Italia es una demanda que se enmarca en las que ya ha presentado la organización europea Euroconsumers, de la que Altroconsumo forma parte, en Bélgica y en España.
Euroconsumers tiene previsto iniciar acciones legales similares también en Portugal.