Santiago de Chile, 22 jul (EFE).- La próxima construcción de una nueva cárcel de alta seguridad en Santiago desató la polémica en Chile y generó el rechazo tanto de vecinos como de las autoridades municipales de la capital.
Tras dos mortíferos tiroteos ocurridos en Santiago, en los que murieron al menos nueve personas, el presidente de Chile, Gabriel Boric, anunció el pasado jueves la construcción del penal como una medida para enfrentar a creciente violencia del crimen organizado.
El mandatario, que suspendió su participación en los Juegos Olímpicos para enfrentar la crisis de seguridad, no especificó el barrio de la capital donde se levantará la nueva cárcel, cuya construcción debe ser aprobada por el Parlamento.
El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero, confirmó finalmente este lunes que el nuevo penal se construirá en una zona del centro de la ciudad que «se ha ido consolidando como un barrio judicial y penitenciario».
En la zona, cercana al Club Hípico, se encuentra también la cárcel ‘Santiago 1’ y el Centro de Justicia, donde operan varios tribunales.
«En ‘Santiago 1’ existe una sobrepoblación muy significativa (…) Lo recomendable es ampliar dicho establecimiento y en esa ampliación desarrollar el establecimiento de máxima seguridad al que hizo referencia el presidente la semana pasada», dijo Cordero en rueda de prensa.
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El ministro indicó además que se enviará en los próximos días un proyecto de ley al Parlamento para solicitar que la construcción del penal esté exenta de determinados trámites, de tal forma que se puedan agilizar las obras.
Antes del anuncio del ministro Cordero y cuando ya era un secreto a voces que la cárcel se ubicará en el centro de la capital, la alcaldesa de Santiago, Irací Hassler, pidió reconsiderar la decisión y «revisar la experiencia internacional», que indica que «ninguna nueva cárcel se construye en los centros urbanos».
«Santiago necesita mayor seguridad (…) y las políticas tienen que ser coherentes. No puede ser que por un lado queramos mayor seguridad para la capital de nuestro país y, por otro lado, exista una posibilidad de instalar una cárcel», denunció la edil comunista.
Hassler, cuyo partido forma parte de la coalición gobernante, buscará la reelección en los comicios del próximo octubre y su oposición a la cárcel ha generado una brecha en el Ejecutivo.
A primera hora del lunes, un grupo se vecinos se manifestó frente al Ministerio de Justicia para protestar contra los planes del Gobierno y pedir que se construyan viviendas sociales en el terreno donde se levantará la cárcel de alta seguridad, que tiene previsto albergar a 500 reclusos.
Chile vive desde hace unos años una crisis de inseguridad motivada por la llegada al país del crimen organizado trasnacional, especialmente en Santiago, que ha llevado a la tasa nacional de homicidios desde los 4,5 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2018 a los 6,3 homicidios en 2023.
La sensación de inseguridad no para de crecer, aunque las autoridades insisten en que la situación está lejos aún del resto de países de la región, que el año pasado registró una tasa de homicidios de 20 por cada 100.000 habitantes.
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