Durante los dos últimos meses del año, habitantes de diversas comunidades del Táchira han denunciado ante Fundacomunal y la Defensoría del Pueblo irregularidades en las elecciones de los consejos comunales, además de problemas con el despacho del gas doméstico, de las bolsas del Comité Local de Abastecimiento y Producción (Clap) y el robo de cilindros.
José Caraballo es abogado y ha acompañado desde el punto de vista legal las denuncias presentadas por las comunidades. Asegura que existe un patrón sistemático de violación del artículo 62 de la participación ciudadana, en vista de que las elecciones de los consejos comunales se está cumpliendo es con un grupo cerrado y no despu{es de la convocatoria de asambleas ciudadanas.
“Yo debo aclarar como siempre lo he dicho que los consejos comunales pertenecen a una estructura geopolítica establecida en una Ley Orgánica de Consejos Comunales, que no tiene que ver con la estructura política partidista del Psuv, por ende, cualquier ciudadano que pertenezca a ese territorio, a ese censo geográfico puede participar dentro del consejo comunal”, explicó.
Por ello manifestó que las comunidades que no hayan tenido participación en la selección de los integrantes de los consejos comunales deben denunciar, por cuanto ellos tienen el derecho y la obligación de elegir a quiénes los van a representar durante el periodo del consejo comunal. Acotó que hay habitantes de las diversas zonas que quieren darle un manejo diferente a estas estructuras, que no tengan que ver con partidismo, ni sectarismo, pero no los dejan participar.
Sobre la distribución del gas y del Clap, Caraballo expresó que se convirtió en un acto discriminatorio. “En vista de que lamentablemente se utilizan las listas de las personas para manejar el Clap, el gas con fundamentos discriminatorios, porque hay personas que no están en ese listado, hay personas que se cambian de residencia y tienen hasta dos años habitando en esa comunidad, pero no los han ingresado a los listados. Lamentablemente el Clap en muchas comunidades tarda hasta seis o siete meses en llegar, lo mismo que el gas”, dijo.
Se preguntó si vale la pena seguir recibiendo el Clap en las comunidades, pues aunque el gobierno lo toma como una política pública desde el punto de vista alimentario, no está resolviendo el problema. “¿Debemos ser conformistas para seguir aceptando esto? Yo creo que no. Creo que hay que tomar, decidir y exigir al ejecutivo y a las instituciones en que las políticas alimentarias en el caso del gas como un servicio público debe cambiar y mejorar”, agregó.
José Caraballo indicó que lo peor es que los entes encargados no están tomando las acciones, son indiferentes e indolentes ante las denuncias realizadas por estas irregularidades, negando con ello derechos fundamentales como el derecho a la alimentación, el derecho a una calidad de vida, a la recreación y a un ambiente sano, porque ha incrementado la tala de árboles para cocinar con leña.