Fiorella Tagliafico / El Diario
El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU) aprobó el 6 de octubre la extensión por dos años del mandato de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela y de los mecanismos de monitoreo de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH).
La medida fue adoptada mediante una votación en la que el proyecto acumuló 25 votos a favor, cifra que representó el mayor volumen de respaldo alcanzado por este instrumento diplomático desde su instauración.
A su vez, la decisión tuvo 17 abstenciones y 5 votos en contra, emitidos por las representaciones de China, Cuba, Vietnam, Egipto y Burundi.
Con este resultado, ambas instancias de la ONU mantendrán sus funciones de investigación, documentación y asistencia técnica en el país hasta el año 2028.
Argumentos del bloque promotor
La propuesta la introdujo la representación de Chile, que actuó en nombre de una coalición integrada por Argentina, Canadá, Ecuador, Guatemala, Paraguay y Uruguay.
Al presentar el documento, la delegación chilena expuso el balance sobre la coyuntura venezolana para justificar la continuidad de las instancias internacionales.
La representación chilena reconoció la existencia de hechos como la liberación de presos políticos, aunque puntualizó que las medidas continúan siendo condicionales, parciales y reversibles, al tiempo que argumentó persisten las estructuras de represión en el país.
El bloque de países firmantes agregó que la presencia técnica de la ACNUDH y la labor documental de la Misión de Determinación de Hechos resultan indispensables para consolidar eventuales avances en materia de derechos fundamentales.
Exigencias institucionales, libertades públicas y crisis migratoria
El documento aprobado expuso preocupación por la vulneración continuada del Estado de derecho, la falta de independencia del sistema judicial y el paulatino estrechamiento del espacio cívico, factores que a juicio del Consejo alimentan la impunidad generalizada.
Ante esto, el texto de la resolución exhorta al Estado venezolano a cumplir con estos requerimientos:
– Garantías y libertades cívicas: exige el respeto pleno a los derechos de expresión, asociación y reunión pacífica, así como el cese de medidas coercitivas contra organizaciones sociales y actores políticos.
– Liberación de personas privadas de libertad: demanda la excarcelación “inmediata e incondicional” de todas las personas en situación de detención arbitraria.
– Impacto de la crisis humanitaria: el texto recordó la dimensión de la movilidad humana venezolana y valora la labor de absorción de los países receptores en la región para atender a migrantes, refugiados y solicitantes de asilo.
La prórroga faculta al grupo compuesto por las expertas e investigadores Sofía Macher (Perú), Alex Neve (Canadá) y María Eloísa Quintero (Argentina/México) para proseguir con las investigaciones en el país.
El cronograma fijado por el Consejo establece la presentación de nuevos informes sobre la situación de derechos humanos durante los períodos ordinarios de sesiones previstos para 2027 y 2028.
Oposición de la representación diplomática venezolana
Previo al proceso de votación, la delegación del gobierno de Venezuela fijó posición en el recinto al manifestar su rechazo a la continuidad de los mecanismos de monitoreo.
La representación oficial argumentó que las instancias de investigación extraordinarias creadas sin el consentimiento del Estado deben encaminarse hacia su cierre definitivo.
Señalaron que los esquemas de supervisión no deben perpetuarse en el tiempo de forma automática.
Claves del informe reciente sobre Venezuela
La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la Organización de la ONU sobre Venezuela publicó el 16 de septiembre una actualización sobre la situación de los derechos humanos en el país.
El informe examinó los acontecimientos ocurridos durante el último año y estuvo acompañado por un documento de investigación dedicado al papel de los colectivos y sus vínculos con el Estado.
La Misión documentó una “disminución” de las detenciones de larga duración y de las desapariciones forzadas asociadas con motivos políticos después del 3 de enero, fecha en la que fuerzas militares de Estados Unidos capturaron a Nicolás Maduro y a Cilia Flores.
También registró la excarcelación de cientos de personas detenidas por razones políticas y margen para las protestas, las reuniones públicas y la participación de la sociedad civil.
Sin embargo, el organismo advirtió que estos cambios no estuvieron acompañados por las reformas institucionales necesarias para modificar de manera significativa y sostenida la situación de los derechos humanos.
El organismo consideró que esta situación hace que cualquier cambio observado sea frágil y reversible, porque no se han modificado las condiciones institucionales que durante años permitieron graves violaciones de derechos humanos.
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