Bogotá, 2 ago (EFE).- La condena en primera instancia a 12 años de prisión en régimen domiciliario dictada contra el expresidente Álvaro Uribe profundiza la división en Colombia y desata una tormenta de tensiones entre sus seguidores, que denuncian una persecución política, y sus detractores, que consideran el fallo un hito en la lucha contra la impunidad.
El llamado ‘juicio del siglo’ ha agrandado la polarización entre izquierda y derecha que este sábado discuten en las redes sociales si la pena impuesta es justa, si la jueza Sandra Heredia actuó conforme al derecho, si Uribe merece continuar en libertad hasta que el fallo quede en firme o si la condena tuvo motivaciones políticas, en una polémica que parece no tener fin.
Al debate, que ha trascendido las fronteras nacionales con pronunciamientos contrarios al fallo de congresistas republicanos de Estados Unidos, se sumó el expresidente Iván Duque (2018-2022), quien propuso una acción legal que sea apoyada por millones de personas para que Uribe (2002-2010) pueda seguir en libertad mientras se cierra su caso.
«La presunción de inocencia, la comparecencia juiciosa a todo llamado de la justicia, el rigor de su defensa y la demostración de la cadena de irregularidades procesales, sumado a la solicitud de exoneración del Ministerio Público y su apelación al fallo, al igual que la ausencia de una sola prueba que valide una condición de determinador, son suficientes para que Álvaro Uribe se siga defendiendo en libertad y demostrando su inocencia», dijo Duque.
Uribe, de 73 años y fundador del partido de derecha Centro Democrático, por el que fue elegido Duque como senador y presidente, fue sentenciado ayer a doce años de cárcel, una multa de más de 3.400 millones de pesos colombianos (unos 822.000 dólares) y a la inhabilitación por más de ocho años para el ejercicio de funciones públicas por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal.
Denuncias de persecución a la Justicia
Mientras tanto, el senador de izquierdas Iván Cepeda, reconocido como víctima en el juicio, denunció el viernes por la noche una «feroz persecución» del expresidente contra la Justicia.
Según Cepeda, el expresidente, que ha sido vinculado a varios procesos por supuestos vínculos con grupos paramilitares durante el conflicto armado, ha emprendido la persecución «contra el poder judicial cada vez que un juez, un fiscal, un magistrado, un abogado o una víctima ha osado pedir que se esclarezcan sus numerosas actuaciones criminales».
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Cepeda denunció además este sábado «el infame cabildeo» que, según él, «están haciendo en EE.UU. los enviados» de Uribe y que busca «no solo debilitar el Poder Judicial, sino generar sanciones para todos los colombianos de no lograr recuperar su impunidad», algo similar a lo ocurrido con el proceso por golpismo contra el expresidente brasileño Jair Bolsonaro.
En la discusión terció también un grupo de 38 juristas que en un comunicado divulgado hoy expresaron su «profunda preocupación y desconcierto» frente a la decisión de ayer de Heredia que «ordena la privación de la libertad personal, inmediata» de Uribe, «sin que se encuentre en firme la sentencia, contraviniendo de esta forma los estándares de derechos humanos establecidos en los tratados internacionales y en la Constitución».
«Lamentamos esta medida, que contraviene los principios fundamentales del debido proceso y pone en grave riesgo la legitimidad del ejercicio del Poder Judicial, deber sagrado de cada juez y de paso la majestad de la Justicia», señalaron.
Llamado a la calma
Por eso la defensora del Pueblo, Iris Marín, hizo este sábado un llamamiento a respetar la independencia judicial y a no estigmatizar a la jueza Heredia.
«Estigmatizar a quien cumple con su deber constitucional de impartir justicia socava la independencia judicial y su legitimidad institucional. Las decisiones judiciales se pueden debatir, pero por la vía del Estado de derecho, que es la de los medios jurídicos establecidos», advirtió Marín.
Según la funcionaria, el caso de Uribe «no es un debate político ni electoral» y por lo tanto «no es admisible en una democracia atacar o deslegitimar a quien profiere las decisiones ni insinuar su parcialidad».
«La Justicia se honra con respeto a las formas del proceso y a las autoridades», dijo la defensora del Pueblo, quien invitó «a las partes procesales, a los líderes políticos y a la opinión a confiar en la Justicia, a respetar y no estigmatizar a una jueza que ha hecho su trabajo con rectitud y transparencia».
El presidente colombiano, Gustavo Petro, muy activo en las redes sociales, comentó ayer brevemente la condena a Uribe y hoy publicó en X un escrito lleno de referencias a caballeros hidalgos caídos y en el que, sin mencionar directamente al expresidente, asegura que en su novela, «García Márquez, nos enseñó de los otoños del patriarca».
