El expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, en la cárcel por corrupción desde abril de 2018, podría pasar a un régimen de prisión domiciliaria en septiembre, después de que su pena, en uno de los ocho casos de corrupción que tramitan en la Justicia, fue reducida a ocho años y diez meses.
La disminución de la condena, que en la primera instancia fue de nueve años y luego se amplió a doce en la segunda, fue decidida de forma unánime este martes por los cuatro miembros de la Quinta Sala del Tribunal Superior de Justicia.
Esa corte, que actúa como tercera instancia, analizó una larga serie de apelaciones presentadas por la defensa del expresidente, de 73 años, que incluían pedidos hasta para anular la causa, la primera en la que ha sido condenado y por la que ingresó a la prisión el 7 de abril del año pasado.
El camino para la reducción de la pena lo abrió el juez Félix Fischer, instructor de la Quinta Sala, quien llegó al mismo cálculo de condena que los tres magistrados que le siguieron en el voto.Los recursos fueron negados uno a uno, pero los jueces fueron unánimes en relación a que la pena dictada en segunda instancia, que aumentó la de la primera, fue “excesiva”, por lo que la redujeron a ocho años, diez meses y 20 días.
El caso se refiere a la primera pena dictada contra Lula en la segunda instancia, por corrupción pasiva y lavado de dinero, una vez que la Justicia consideró probado que recibió a modo de soborno un apartamento de tres plantas en la ciudad costera de Guarujá, en el estado de Sao Paulo, a cambio de favorecer a la constructora OAS en contratos con Petrobras.
Sin dinero
Después de ver reducida su pena por la Justicia el ex presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, preso desde hace un año, dice que no tiene los recursos económicos para pagar la fianza que le permitiría recuperar parcialmente la libertad dentro de unos seis meses. Para poder pasar al régimen encarcelamiento «semiabierto», en el que el reo está en libertad de día y vuelve a la cárcel por las noches, Lula tendrá que desembolsar 3 millones de reales (unos 760 mil dólares), monto que no está en condiciones de afrontar, según sus allegados. «Abogados y amigos de Lula ya piensan en organizar una ‘vaquita’ (colecta voluntaria) para que pague la multa de 3 millones de reales del Superior Tribunal de Justicia», informó el diario Folha de San Pablo.