La ONG alerta que la normativa excluye a los militares, mantiene inhabilitaciones políticas y representa un riesgo de detención para la diáspora. Expertos exigen la nulidad de los procesos viciados y la creación de un Consejo Independiente de Verificación con respaldo de la ONU y la Iglesia.
MADRID, MARZO DE 2026 – Juristas y académicos de la asociación civil Conciencia es Dignidad (CED), presentaron un análisis técnico sobre la reciente «Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática» aprobada en Venezuela el 19 de febrero de 2026, en el que concluyen que padece de fallas estructurales que la convierten en un instrumento discriminatorio, insuficiente y orientado a la protección de funcionarios del Estado más que a la reparación de las víctimas.
Un riesgo para la diáspora y exclusiones críticas
El análisis jurídico de CED pone una señal de alerta sobre el Artículo 7 del texto legal. Según los expertos, este apartado constituye una amenaza directa para los más de 8 millones de venezolanos que se fueron al exterior, huyendo de las acciones extremistas promovidas por el régimen en el poder. Al no garantizar seguridad jurídica, cualquier ciudadano que hubiere manifestado oposición al régimen venezolano podría ser detenido por tribunales o autoridades aduaneras bajo cargos infundados al intentar retornar al país.
Asimismo, la organización destaca tres omisiones que invalidan el carácter «humanitario» de la ley:
- Exclusión del estamento militar: Cerca de 200 efectivos castrenses permanecen encarcelados sin acceso a este beneficio.
- Veto a la participación política: La ley no contempla el levantamiento de las inhabilitaciones administrativas que pesan sobre líderes democráticos como María Corina Machado, cuya sanción carece de base patrimonial comprobada.
- Burocracia condicionada: El proceso de liberación es lento y arbitrario, obligando a los beneficiarios a presentarse ante los mismos tribunales que los procesaron, manteniendo restricciones de movilidad y prohibición de salida del país.
Desmantelamiento del andamiaje represivo
Para Conciencia es Dignidad, una amnistía legítima no puede coexistir con leyes que criminalizan la disidencia. Por ello, la organización propone como requisito indispensable la derogación de la «Ley contra el Odio», la «Ley contra el Fascismo» y la «Ley de Fiscalización de ONG», instrumentos que conforman el ecosistema de persecución actual.
«La amnistía no es un favor ni un acto de clemencia, es un acto de justicia. Los procesos viciados de nulidad absoluta no deben ser simplemente ‘perdonados’, deben ser declarados nulos«, sostienen los juristas de CED.
Propuestas para una transición efectiva
Ante la desconfianza en el sistema judicial venezolano —recientemente cuestionado por el nombramiento de figuras vinculadas al oficialismo en cargos como la Defensoría del Pueblo— CED propone cinco ejes de acción:
- Libertad incondicional, con el cese definitivo de expedientes y restitución total de los derechos civiles.
- Reparación integral, donde haya un reconocimiento de responsabilidad del Estado frente a las víctimas de tortura, familias de fallecidos, los 23.000 trabajadores despedidos de PDVSA y los exiliados.
- Saneamiento judicial, que se lograría con la sustitución de jueces y fiscales que ejecutaron la persecución contra la población y la incorporación de profesionales independientes y honestos formados en justicia transicional.
- Vigilancia internacional, con la creación de un Consejo Independiente de Verificación con presencia de la ONU y la Iglesia Católica para garantizar la imparcialidad.
- Fin de las inhabilitaciones, mediante la extinción de las sanciones administrativas que se han utilizado como herramientas de exclusión electoral.
Conciencia es Dignidad reitera su compromiso con la restauración del Estado de Derecho y hace un llamado a la comunidad internacional para no validar instrumentos legales que solo buscan «limpiar» expedientes de abusos a los derechos humanos bajo un disfraz de reconciliación.
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NDP
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