El Concejo Municipal conjuntamente con el alcalde Gregorio Vetencourt sostuvieron ayer una reunión con los gerentes de las entidades bancarias públicas y privadas del municipio Boconó (excepto Banco de Venezuela y Del Sur) con presencia del Seniat, Sundde, voceros comunales, Contraloría y Dirección de Hacienda, para discutir el flagelo del efectivo entre semana y fines de semana, los avances con cobro de porcentajes, alquileres de puntos de venta en inadecuados espacios físicos de algunos bancos. De la mesa de diálogo salió el acuerdo de unificar esfuerzos para atacar el problema, se reveló que algunos comercios están más seguros y blindados hasta con bóvedas que los mismos bancos. Todos apuntaban que la fiscalización la debía hacer el Seniat, pero su representante aclaró que a ellos sólo le compete la materia tributaria, es decir exigir el pago del IVA y el Islr. “Queda de las entidades financieras quitarle los puntos de venta a los negocios que den avance en efectivo y obtengan ingresos ilegales”.
Se enfatizó que a nivel nacional hay restricción de efectivo, pero en el caso particular del Banco Bicentenario, aseguraron sí cancelar completo el pago de pensionados; con reserva de remesas y billetes de alta denominación. El gerente negó su vínculo con comerciantes para la venta de efectivo, pero instó estar vigilantes con otros empleados. Lo que sí admitió es que las instalaciones no son aptas para atender a tanto público y el único cajero automático y el aire acondicionado no funcionan desde hace cuatro meses porque se averió un transformador.
Por la banca privada, los gerentes aseguraron habilitar horarios y cajeros para el pago de pensionados y priorizar a los adultos de la tercera edad, pese a que igual son insuficientes para la demanda. Argumentaron que en los últimos meses la mayoría de los boconeses utilizan el banco sólo para retirar y no hacen depósitos, “van directamente a los puntos de venta y gestores. Esa banca “paralela” afecta a todos”, concluyeron.
Acuerdos
Entre los acuerdos establecidos están: crear una comisión evaluadora con cuerpos de seguridad para hacer seguimiento de la normativa de Sudeban y el decreto N° 10 emitido por la Alcaldía de Boconó. Así como interpelar posteriormente al Banco de Venezuela para conocer el por qué del retraso de la remodelación de las instalaciones y otras irregularidades y, buscar otros beneficios para los discapacitados.