Prensa Observatorio Venezolano de Prisiones
Desde hace 15 años, el Centro Penitenciario del estado Aragua, mejor conocido como «Tocorón», ha sido una de las prisiones más notorias de Venezuela debido a sus condiciones inhumanas, el liderazgo sumamente violento de los «pranes», la falta de control por parte de las autoridades penitenciarias y la presencia de bandas criminales que incluso extendieron sus tentáculos a siete países de Latinoamérica.
El pasado miércoles 20 de septiembre, el Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz, a tempranas horas de la mañana, anunció que el penal sería intervenido por 11 mil funcionarios castrenses. Horas después, en medio de una absoluta opacidad de la información, anunciaron que el operativo fue exitoso.
Tanquetas, motos y muchos militares fueron vistos por la zona, pero lo cierto es que dentro del recinto penitenciario nadie opuso resistencia porque los más violentos; es decir, los «pranes», ya habían negociado el desalojo del recinto penitenciario y emigraron del país hace más de una semana. El Gobierno, por su parte, alegó que huyeron por túneles que tenían salida hacia el lago de Valencia.
Tres días después, no hay rastro de Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias “Niño” Guerrero, máximo líder del penal y del Tren de Aragua, de Ever González Zambrano, alias «El Gocho Ever», ni de ninguno de los lugartenientes y luceros que aterrorizaban a la población penal y cobraban millones de dólares al año por la «causa» para acceder a los beneficios dentro del penal y garantizar su integridad física.
Es un hecho de «El Niño Guerrero», sus luceros y lugartenientes, negociaron su salida impune del penal, pero ahora comienza el operativo de recaptura para que no se les ocurra abrir la boca contra aquellos que ahora pretenden lavar su imagen con shows mediáticos y a costa del sufrimiento de miles de presos y sus familiares. Recordemos que en la historia venezolana son muchos los casos de «pranes» ejecutados bajo la figura de presuntos enfrentamientos con organismos policiales.
Tuvieron que transcurrir 15 años desde el inicio del pranato, 12 años desde la creación del Ministerio de Servicios Penitenciarios, un sinfín de casos de corrupción, amedrentamientos y mucha violencia para que el Gobierno decidiera desalojar el centro de operaciones del Tren de Aragua, la banda criminal más peligrosa de Venezuela.
Según el balance del MPPRIJP, dentro del penal encontraron 14 armas largas y dos cortas, 120 cintas eslabonadas 7,62×51, 40 granadas antitanque, 80 kilos de composición C4, 80 dispositivos anfull, 400 mil municiones de diferentes calibres, 15 cohetes autopropulsados y otros materiales bélicos.
¿Quién permitió el ingreso de armas de guerra al centro penitenciario? Según declaró el ministro de Interiores, Justicia y Paz, Remigio Ceballos, detuvieron a cuatro funcionarios por su presunta participación en el ingreso de material de guerra al recinto penitenciario.
Nos gustaría saber más sobre cómo hicieron estos funcionarios para ingresar con cohetes autopropulsados y armas largas sin la complicidad de muchas personas más, incluso de la directiva. También nos preguntamos por dónde ingresó el material para construir los túneles tan sofisticados por donde, según el Gobierno, huyeron los «pranes», incluso para edificar una discoteca, un parque infantil y otros lujos que ya son bien conocidos.
En este punto es importante destacar que en toda esta situación surgen varias responsabilidades ineludibles, la de Tareck El Aissami, quien fungía como ministro de Interiores y Justicia cuando se inició el pranato en las cárceles venezolanas, y que además en ese momento tenía bajo su cargo la Dirección General de Custodia y Rehabilitación; la de Iris Varela que en 2011 fue designada Ministra para el Servicio Penitenciario y consolidó el poder de los pranes; y de Mirelys Contreras, ex ministra del mismo ministerio penitenciario, quien institucionalizó el absolutismo de los pranes.
También surgen responsabilidades de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), cuyo destacamento castrense tiene bajo su responsabilidad la seguridad externa de la cárcel de Tocorón.¿Quiénes son los comandantes que permitieron el libertinaje criminal del Tren de Aragua, cuyos integrantes entraban y salían cuando les daba la gana del penal?
Ahora bien, según el ministro Ceballos, lograron frustrar la fuga de 68 integrantes de la plana mayor de la banda criminal Tren de Aragua, ¿pero quiénes son? Desde el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) insistimos en la necesidad de que revelen sus rostros e identidades para tranquilidad del pueblo venezolano y países afectados por las operaciones de esta peligrosa banda delictiva.
Durante sus declaraciones, en las que solo hizo alegoría de lo «exitoso» que fue el operativo, el ministro tampoco hizo mención al paradero de los reos «desaparecidos», pues tal como hemos venido denunciando la cárcel de Tocorón albergaba una población de unos 5.500 presos, en unas instalaciones con capacidad para 750 plazas, pero pasó a albergar 3 mil reclusos y ahora en esta toma había unos 1.500 ¿Dónde están esos presos que faltan?.
Lo cierto es que la «intervención» de Tocorón dejó expuesto en primer lugar que el Ministerio de Servicios Penitenciarios durante 12 años no tuvo la más mínima intención de controlar lo que sucedía dentro de Tocorón, que la corrupción es un flagelo que se les escapó de las manos hace mucho tiempo y que peligrosos hampones como «El Niño Guerrero» manejan como les da la gana a aquellos que se jactan de decir que las cárceles de Venezuela están controladas.
En tanto, nos seguimos preguntando por qué el silencio absoluto de la ministra de Servicios Penitenciarios, Celsa Bautista, quien tres días después ya debería haber informado qué va a pasar con los presos de Tocorón ¿A dónde serán trasladados? También es sumamente importante que informen si durante el operativo hubo heridos o muertos, considerando que los familiares deben conocer sobre la integridad física y mental de sus seres queridos.
En conclusión, la cárcel de Tocorón es un claro ejemplo de cómo la complicidad del Estado con el pranato, y la falta de control y supervisión convirtieron las prisiones venezolanas en verdaderas universidades del crimen. Era responsabilidad de las autoridades penitenciarias y del Estado en su conjunto tomar medidas urgentes y efectivas para revertir esta situación y garantizar que las cárceles cumplan su función de rehabilitación y reinserción social; sin embargo, transcurrieron 15 años de inoperancia desde los primeros días del pranato y aún quedan muchas dudas sobre la transparencia de esta operación.
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