Durante una reunión realizada en la ciudad de Cúcuta fue aprobado el documento, que fue firmado por Walter Márquez, como director en el Táchira del Comité Binacional Fronterizo; por Leonardo Méndez como director en el Norte de Santander y por Francisco Sánchez, asesor del comité
El Comité Binacional Fronterizo que congrega a representantes aduaneros, comerciales, empresariales, del sector transporte, académico, educativo y de la sociedad civil que habitan a ambos lados de la frontera colombo- venezolana, en San Antonio del Táchira, Ureña, en Venezuela, así como en Cúcuta, Departamento Norte de Santander, enviaron una comunicación a la alta Comisionada para los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas –ONU-, Michell Bachelet, y al secretario General de la Organización de Estados Americanos –OEA-, Luis Almagro, para que como representantes de organismos internacionales exijan la apertura total del paso por los puentes internacionales.
Durante una reunión realizada en la ciudad de Cúcuta fue aprobado el documento, que fue firmado por Walter Márquez, como director en el Táchira del Comité Binacional Fronterizo; por Leonardo Méndez como director en el Norte de Santander y por Francisco Sánchez, asesor del comité, en presencia de representantes aduaneros, empresariales y comerciales de ambas naciones.
Al respecto, el diputado jubilado a la Asamblea Nacional de Venezuela y director del Comité en el Táchira, Walter Márquez, destacó que se ven obligados a realizar una serie de planteamientos a los representantes de ambos organismos internacionales defensores de derechos humanos, porque la frontera entre Norte de Santander y el Táchira ha sido maltratada por parte del gobierno defacto de Venezuela, desde el año 2015 cuando durante el mes de agosto cerró el paso por los puentes internacionales sin siquiera haber emitido un decreto presidencial.
Recordó que inicialmente no hubo una formalidad constitucional para decretar el cierre de frontera en agosto de 2015. “El presidente debió haber convocado a un Consejo de Ministros y allí aprobar un decreto de estados de excepción en el que restrinja algunas garantías. No se pueden suspender garantías, de acuerdo a la nueva Constitución venezolana, sino restringirlas y reglamentar, pero el gobierno haciendo uso abusivo de la fuerza pasó por encima y fue el 24 de agosto que publicaron un decreto presidencial que es ilegal, inconstitucional y arbitrario”, destacó.
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Considera que a esta frontera le están pasando factura por sus principios democráticos, porque por La Guajira sigue en el horario nocturno la circulación de gandolas. “Aquí no lo permiten por las respuestas de ambos países frente al gobierno defacto. La frontera se ha convertido en una atracción para algunos venir a tomarse fotografías y regresarse, pero más nada hacen por su prosperidad”.
Recordó que en el informe publicado por Bachelet el 4 de julio, se omitió el tema de frontera, de los 83 párrafos que constituye el informe en sus 18 páginas, no hay ni uno sólo sobre este tema, por lo que con expertos en frontera elaboraron el documento, una propuesta que plantea que la frontera también es patria, por lo que tanto Bachelet como Almagro deben ocuparse de ello.
“Que envíen una misión para que vean esa realidad, porque aquí se amplían con una lupa los problemas. Aquí se comenten todos los días el crimen de exterminio por privación al acceso de alimentos y medicinas. El tema de la obligación de pasar entre containers es el crimen de otros tratos inhumanos, pero también hay el de la desaparición forzosa, de asesinato, y el tema de la migración forzosa, porque la gente de Venezuela se viene obligada por la hambruna y la descomposición social”, destacó.
El petitorio
Por su parte, el profesor de la Universidad de Los Andes –ULA- y asesor del comité, Francisco Sánchez, precisó que en la frontera entre el Norte de Santander y el Táchira se viola la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención Américana de los Derechos Humanos y la carta de la Organización de los Estados Americanos, porque el grave problema son los derechos humanos de distinta naturaleza, económicos, sociales, culturales, políticos, entre otros, que están resumidos en estos instrumentos. Motivo por el cual en el petitorio exigen un pronunciamiento sobre los problemas de la frontera que son muy específicos.
Explicó que a la alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Michell Bachelet, le solicitan en el documento un pronunciamiento formal que “llame la atención y haga visible la grave situación que afecta a la región de frontera de Táchira (Venezuela) y Norte de Santander (Colombia). Que resalte la necesidad de soluciones a corto, mediano y largo plazo, de las que debemos ser parte y para las que tenemos planes y proyectos. En ese sentido, solicitamos que se pronuncie sobre la necesaria, urgente y completa apertura de los pasos formales en la frontera común entre Colombia y Venezuela”.
De igual forma le plantean una visita in loco a esta región de frontera de Táchira y Norte de Santander de funcionarios de esa oficina, para que constaten el grave deterioro de los derechos humanos en la misma.
Leonardo Méndez, director del comité en el Norte de Santander, precisó que en el caso de Almagro, además de solicitar el pronunciamiento formal en los mismos términos que a Michell Bachelet, le plantean que solicite a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una visita in loco a esta región de frontera de Táchira y Norte de Santander, para que constate el grave deterioro de los derechos humanos en la misma.
