Quito, 17 jun (EFE).- Representantes de instituciones estatales ecuatorianas relacionadas con la justicia, familiares de presos y organizaciones civiles participan este lunes en una mesa de diálogo para presentar denuncias sobre presuntas torturas y sobre falta de atención médica y alimenticia a los reclusos.
Gabriela Hidalgo, directora nacional del Mecanismo de Prevención Contra la Tortura, destacó el acercamiento que se logrará en las mesas de diálogo para que se pueda establecer una hoja de ruta para atender las necesidades de los presos.
Hidalgo detalló que se desarrollarán dos mesas de trabajo, y que este lunes tendrá lugar la del sector Justicia, en la que estarán representantes de la Fiscalía, de la autoridad encargada de las prisiones (SNAI), de la Defensoría Pública, de los ministerios de la Mujer y Derechos Humanos, de Gobierno y de Defensa.
Por la sociedad civil, están representantes de los familiares, así como de organizaciones sociales.
Previo a la instalación de las mesas, una decena de familiares de presos realizaron un plantón ante la Defensoría del Pueblo para denunciar presuntas violaciones a los derechos humanos durante la militarización de las prisiones y por los problemas en el suministro de alimentos en las cárceles.
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«Seis meses sin visitas»
Gabriela Anangonó, familiar de uno de los detenidos, expresó su esperanza en que de las mesas de diálogo, que tendrán lugar con respaldo de la Defensoría del Pueblo, salgan soluciones especialmente para los temas de salud y alimentación de los reos.
«Estamos aquí para luchar por los derechos de los ‘ppls’ (personas privadas de la libertad) porque ellos están presos, no están muertos. Ellos perdieron su libertad, mas no sus derechos«, apuntó.
Según Anangonó, los reos no han recibido la visita de sus familiares desde enero pasado, cuando los militares tomaron control de las cárceles para evitar motines y asesinatos.
Entre 2021 y 2023 murieron asesinados en las cárceles más de 500 presos, muchos de ellos en una serie de masacres carcelarias por disputas entre bandas rivales.
El ingreso de los militares a las cárceles se dio como parte de un estado de excepción decretado por el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, para combatir al crimen organizado, al que se le atribuye el auge de la violencia criminal, que ha llevado al país a figurar entre los más violentos de Latinoamérica.
«Ya son seis meses (sin visitas), es hora de que nosotros podamos ver a nuestros familiares», dijo Anangonó al anotar que lo poco que saben de sus parientes presos es por intermedio de los abogados, a los que se les paga entre 15 y 20 dólares por cada visita.
¿Torturas?
Anangonó aseveró que tienen «mucha preocupación» por supuestas muertes diarias en las cárceles, y aunque aclaró que no se oponen a la militarización de las prisiones, puntualizó que sí rechazan «el maltrato y el tema de tortura».
«Basta de torturas y de violaciones a hombres y mujeres dentro de los centros carcelarios. (Los reos) cometieron errores pero son seres humanos, están dentro de un cetro carcelario pagando una condena, basta de torturas», recalcó.
Según un informe emitido a finales de mayo por la Defensoría del Pueblo, entre el 9 de febrero y el 7 de marzo de 2024 se contabilizaron en las cárceles de Ecuador 24 fallecimientos «por muertes naturales y en otros casos por muertes violentas, con indicios de presunta tortura. Así también existen alertas del deceso de PPL (personas privadas de libertad) con signos de desnutrición».
Odalys Cayambe, directora de la fundación ‘Vive libre’, que trabaja en asistencia para reos, indicó que en las mesas de diálogo expondrán las «diferentes torturas que se han venido suscitando en los centros carcelarios, entre esas a la población LGBTI».
«Lo que estamos buscando es que haya una sentencia con dignidad, que ya no exista la tortura que se está aplicando como un modelo de rehabilitación social en este momento dentro de las cárceles», dijo, al expresar su esperanza de que de las mesas de diálogo surjan veedores ante las denuncias.
Andrea Aguirre, de la organización social ‘Mujeres de frente’ puntualizó que las mesas de diálogo se crearon por presión de los familiares, que piden el restablecimiento de las visitas, que cesen «los tratos crueles, inhumanos, degradantes y la tortura física».
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