Después de la detención del exfiscal superior del estado Táchira, Alejandro Celis, y de las denuncias que se han dado a conocer de supuestos delitos cometidos durante su gestión en el Ministerio Público, la comerciante tachirense, Andrea Ramírez, denunció este viernes 24 de noviembre que el exfuncionario influyó para que se violara el debido proceso en su caso y que hubo complicidad con otros fiscales.
A través de un video enviado a los medios de comunicación, Ramírez recordó que el 12 de noviembre del año 2022 altos funcionarios de la Alcaldía de San Cristóbal ordenaron la demolición del local de su restaurante, hurtándole la maquinaria, materia prima, así como productos perecederos y no perecederos. “Un acto ilegal y arbitrario del que el exfiscal superior es cómplice de cómo se violaba el debido proceso en la Fiscalía del estado Táchira, causando un grave daño al Estado venezolano, violando el principio de la tutela judicial efectiva”, acotó.
Andrea Ramírez indicó que el 1º de diciembre de 2022 formalizó la denuncia de lo ocurrido con su local familiar, pero la fiscal provisoria séptima, Idena Cárdenas, no atendió las diligencias solicitadas, ni investigó, sino que dictó sobreseimiento por presuntas órdenes del exfiscal superior. La causa fue enviada al Tribunal de Control Segundo, dónde el Juez la remitió nuevamente debido que el Ministerio Público no investigó los delitos. “El exfiscal Alejandro Celis se refirió a mi como víctima con tratos denigrantes, humillantes e inhumanos”, agregó.
Precisó la comerciante que, ante el Tribunal Contencioso Administrativo, la Directora de Ingeniería Municipal y el Síndico Municipal, confesaron que no habían expedido la resolución para demoler el local, ni la notificación de desalojo, así como tampoco una orden de retención de los bienes. lo que a su juicio confirma que se violó el debido proceso.
“Asignada ahora la fiscal Provisoria Segunda, Catherine Zabala, quien, de igual manera, bajo órdenes del exfiscal Superior, Alejandro Celis, ahora investigado por hechos de corrupción, no realizó las averiguaciones pertinentes, ni tomó en consideración las declaraciones ante el Tribunal Contencioso Administrativo. Al contrario, el exfiscal Superior Alejandro Celis, en lugar de investigar los delitos cometidos por altos funcionarios de la Alcaldía de San Cristóbal, en el hurto de mis bienes y daños a la propiedad, contribuyó a tratar de silenciarme a mi como víctima, mediante un expediente aperturado en mi contra, de supuestamente haber incurrido en delitos contemplados en la Ley Contra el Odio, victimizando ahora a los altos funcionarios de la Alcaldía de San Cristóbal. Causa que lleva la fiscal provisoria primera Herly Quintero, quién es esposa de uno de los victimarios denunciados ante el Ministerio Público, exfiscal del Ministerio Público y funcionario de la Alcaldía de San Cristóbal”, destacó.
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Para Andrea Ramírez es notoria la complicidad del exfiscal superior Alejandro Celis y las fiscales: séptima, Idena Cárdenas, segunda Catherine Zabala, y primera Herly Quintero, de encubrir la violación de derechos humanos presuntamente cometida por altos funcionarios de la Alcaldía de San Cristóbal en el hurto de sus bienes y los daños a la propiedad de su emprendimiento comercial, legalmente establecido, el cual era su único sustento familiar.
