Cúcuta (Colombia), 6 ene (EFE).- Familiares de 19 colombianos presos en Venezuela volvieron este martes a la frontera entre los dos países para reclamar la liberación de sus parientes, aprovechando la visibilidad internacional de la zona tras la intervención de Estados Unidos en ese país que llevó a la captura de Nicolás Maduro.
Con fotos de los detenidos, el grupo se congregó en el puente internacional Simón Bolívar, que conecta el departamento colombiano de Norte de Santander con el estado Táchira, para exigir la libertad de los presos que, según dijeron, están detenidos «injustamente».
Los manifestantes se apostaron en una de las orillas del puente fronterizo donde el movimiento de personas y mercancías sigue con total normalidad bajo un refuerzo de la vigilancia militar y policial colombiana desde el sábado, día en que Estados Unidos atacó varios lugares de Caracas y tres estados cercanos.
Uno de los casos más alarmantes denunciados por los familiares es el de Brandon Josué Castaño, quien a sus 28 años lleva seis años y siete meses en prisión.
El joven, que vivía en Cúcuta, principal paso fronterizo de Colombia con Venezuela, fue detenido mientras visitaba a su abuela en el país vecino, acusado de ser espía.
Su madre, Sandra Castaño, relató que aunque el joven ya cumplió una condena de seis años de cárcel, las autoridades venezolanas aún no emiten la orden de liberación.
«Hoy, 6 de enero, mi hijo está cumpliendo años y la tristeza crece. No entiendo por qué no lo han querido liberar si ya pagó su deuda», afirmó la madre, quien además denunció que Castaño está enfermo de tuberculosis y su estado de salud es crítico.
Otro caso que llamó la atención por lo esperanzador es el del joven Guzmán Humberto Ramírez Angarita. Su madre, Miriam Angarita, pasó diez años creyendo que su hijo estaba muerto tras su detención el 11 de octubre de 2015, cuando trabajaba como mototaxista en la frontera.
En octubre pasado, tras la liberación de algunos presos colombianos en Venezuela, Angarita recibió noticias de que Humberto podría estar vivo en el centro penitenciario Rodeo II donde hay una persona con sus mismos nombres y apellidos.
«Cancillería no me da respuesta, solo dicen que están en proceso, pero yo tengo una fe de vida de mi hijo», exigió la mujer.
El complejo penitenciario Rodeo I, II y III está ubicado en el estado de Miranda y, según diversos organismos de defensa de los derechos humanos, al menos en la primera unidad las condiciones de reclusión «suponen un trato cruel e inhumano».
«Según la información que hemos recibido, las condiciones de reclusión en el Rodeo I son crueles, inhumanas y degradantes, y en ciertos casos, podrían llegar a constituir tortura», denunciaron en 2024 Amnistía Internacional y la Oficina en Washington de Asuntos Latinoamericanos (WOLA).
Los familiares coinciden en que estas detenciones responden a una estrategia de «falsos positivos» judiciales, que consiste en imputar cargos de terrorismo o espionaje a personas inocentes sin tener pruebas en su contra.
Eso le pasó a Javier Giraldo García, quien lleva cuatro años detenido sin haber recibido una condena. Su familia dice que está preso en el Rodeo III y su estado de salud es delicado.
«Un día llegaron a su casa en San Cristóbal (estado Táchira) y se lo llevaron» sin explicación alguna, dijo un familiar.
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Las autoridades venezolanas habían acusado a varios colombianos presos de ser «mercenarios» que buscaban desestabilizar al Gobierno de Nicolás Maduro, imputaciones que el Gobierno de Gustavo Petro consideró arbitrarias.
Muchos de los detenidos fueron capturados durante operativos posteriores a las elecciones venezolanas, en un contexto de represión en el que la oposición ha reportado miles de desapariciones y arrestos, entre ellos unos 40 colombianos que fueron acusados de espionaje, de los cuales 17 fueron liberados en octubre pasado.
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