Bogotá, 26 oct (EFE).- Colombia celebra este domingo elecciones locales y regionales en un contexto inédito, con ceses al fuego y la supuesta voluntad de negociación de dos grupos armados que no se han traducido en reducción de la violencia, ya que la actual campaña es de las más violentas de los últimos años.
Los grupos armados hicieron 377 acciones violentas entre enero y el 30 de septiembre, según el último informe de la Defensoría del Pueblo, que calcula que en el país hay 113 municipios en riesgo extremo y 286 en muy alto.
«Mientras más cerca estamos de las elecciones, mayores son las acciones violentas de los grupos armados ilegales contra los candidatos o líderes», aseguró al presentar el informe el defensor del Pueblo, Carlos Camargo.
Por su parte, la Fundación Paz y Reconciliación (Pares) asegura que hay un «panorama desalentador»: hubo 219 víctimas de violencia electoral entre el 29 de octubre de 2022 y el 29 de agosto pasado. Entre ellas hay 34 asesinatos y otros 31 candidatos que sufrieron atentados.
Son casos como el del líder indígena José Eduardo Timaná, candidato al concejo municipal de Pradera (Valle del Cauca, suroeste), por el gobernante Pacto Histórico, quien fue asesinado el 4 de agosto por dos sicarios.
O el de Leandro Sánchez, candidato al concejo de Honda (Tolima) por el partido de derechas Creemos, también asesinado frente a su vivienda.
Aumento de la violencia
Tanto Pares como la Defensoría consideran que en los últimos meses ha habido un incremento pronunciado de la violencia.
«El ambiente que se está respirando hoy alrededor de las elecciones regionales es muy preocupante; hay un ambiente de miedo y de inseguridad, y eso va a afectar el proceso democrático», dijo a EFE la subdirectora de Pares, Laura Bonilla.
La violencia en las elecciones locales siempre es mayor que en las nacionales porque es más fácil para un grupo armado o para la mafia influir en un alcalde y conseguir sus intereses que en un presidente.
«En las elecciones locales es donde se juega el todo por el todo, la operación política del país», resume la subdirectora de Pares.
Ademas, «todo grupo armado va a buscar afectar la democracia porque parte de su ser depende del disciplinamiento social y del control (territorial) que logren tener», explica Bonilla.
El Gobierno tuvo ceses el fuego con varios grupos armados en el primer semestre pero los más importantes son el logrado con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) desde el 3 de agosto y con el Estado Mayor Central (EMC), la principal disidencia de las FARC, desde el 17 de octubre.
El acuerdo de cese el fuego con el ELN no especifica nada sobre las elecciones, solo prohíbe acciones ofensivas y contra el Derecho Internacional Humanitario (DIH), pero con el EMC sí se establece que alterar el proceso electoral es una violación de lo pactado. En todo caso, estos pasos no han servido mucho para reducir la violencia electoral.
Además, no hay forma de saber cuánto la corrupción y las mafias -pues también hay peso de «clanes» políticos- influyen en la violencia electoral, pero sí se sabe que hay mucho dinero corriendo en ciertas campañas de alcaldías y Bonilla es clara: «La corrupción es una economía criminal».
Respuesta del Estado
Después de escuchar la alerta de la Defensoría de que había 300 municipios en riesgo en el país, el presidente colombiano, Gustavo Petro, aseguró que era falso y que el Gobierno garantizará las elecciones en todo el territorio nacional.
En Pares no dudan que eso sea así, pues el Ejército, a través del Plan Democracia, ha desarrollado un operativo «potente» con refuerzos en las zonas críticas que será capaz de «reaccionar rápidamente» si hay algún percance, pero para proteger el derecho de los candidatos a aspirar a un cargo «no ha habido mucha efectividad».
El proteger y apoyar a los candidatos y prevenir acciones violentas en su contra depende del Ministerio de Interior, y la «articulación del Estado es muy floja, ya tendrían que haber informado hace mucho tiempo», asegura la experta.
Es decir, que las rutas de protección y prevención deberían haber sido instaladas e informadas a los candidatos desde hace meses porque el escenario de inseguridad ya estaba sembrado y además falta rapidez en la atención a denuncias y por eso no hay «mecanismos de respuesta rápida» para la protección.
«Desde que tenemos democracia, hemos convivido en esa lógica de violencia en Colombia, o sea, los últimos 60 años llevamos dando vueltas como un hámster en la rueda, y sobre eso algo, algún tipo de medidas hay que tomar», lamenta Bonilla, que considera que hay que «empezar a fortalecer la democracia local ya de aquí a cuatro años» para que en las próximas elecciones no sigamos hablando de lo mismo.
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