Bogotá, 9 mar (EFE).- Colombia entra en un nuevo ciclo electoral con los comicios legislativos del 13 de marzo, que serán seguidos por las presidenciales del 29 de mayo, en un escenario marcado por la pandemia, el estallido social y el recrudecimiento de la violencia.
Más de 38,8 millones de colombianos están habilitados para votar el domingo, día en que se elegirá a la totalidad del Senado y de la Cámara de Representantes, así como a las 16 curules de paz en la Cámara y a los candidatos presidenciales de tres coaliciones políticas.
La tarea es amplia, pues hay muchas decisiones que tomar en unos comicios que tienen «una importancia especial» por la coyuntura en la que tendrán lugar, dice a Efe Patricia Muñoz Yi, docente e investigadora de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Pontificia Universidad Javeriana.
Aunque en esta primera cita electoral se decide la composición del Congreso y las circunscripciones especiales de paz, las consultas presidenciales han adquirido tal relevancia que se han empezado a perfilar como una suerte de primera vuelta.
Serán, por un lado, las primeras elecciones post pandemia, con los retos que eso supone en términos de recuperación económica y social, que sin duda estarán entre las prioridades de los electores colombianos, así como en el aspecto logístico, que tendrá que contemplar el seguimiento de las medidas sanitarias.
Aunque los últimos datos económicos del país mostraron una vigorosa recuperación del 10,6 % en 2021 siguen abiertos muchos frentes en materia de salud.
PROTESTAS, VIOLENCIA Y FRAGMENTACIÓN
Un factores determinante para estos comicios y que podría traducirse en las urnas el próximo domingo son las demandas insatisfechas y los reclamos que desde 2019 los colombianos pusieron de manifiesto en las calles, en el estallido social más fuerte de los últimos años.
Si bien la crisis sanitaria detuvo estas protestas, pronto se retomaron porque las demandas seguían latentes y en 2021 se vivieron las mayores manifestaciones en un escenario que rápidamente se tornó violento, incluso con violaciones a los derechos humanos.
Los jóvenes, los campesinos, los habitantes de las regiones más apartadas, defensores de derechos humanos, entre otros, sacaron a la luz todas sus demandas en una suerte de descontento general que apuntó a una disconformidad con los resultados del Gobierno.
Estas protestas «no venían de un solo sector ni tenían un solo propósito», lo que refleja los altos niveles de disconformidad instalados en la sociedad colombiana, explica Muñoz, que se podrían materializar en las urnas.
De hecho, al revisar los estudios de opinión pública, añade la investigadora colombiana, se descubre «un enorme negativismo y descontento en los colombianos».
El panorama electoral, por otro lado, apunta a un cambio en la conformación de las bancadas en el Congreso, tanto por la ausencia de grandes electores -como el expresidente Álvaro Uribe, por ejemplo- como por una campaña que, comparada con años electorales anteriores, ha sido fría, con poca emoción por parte de los candidatos y sin grandes eventos.
De esta forma, los partidos políticos aspiran a conformar bancadas medias, sin mayorías absolutas, lo que supondrá la necesidad de construir coaliciones y negociar con el resto de formaciones, se desprende del análisis de Muñoz.
Todas estas particularidades tienen lugar bajo un paraguas de violencia que se ha incrementado en los últimos meses especialmente en departamentos como Arauca, Cauca y Norte de Santander donde operan tanto la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), disidencias de las FARC y bandas de narcotraficantes.
REPRESENTACIÓN, UNA ASIGNATURA PENDIENTE
Una asignatura pendiente que se someterá a examen en esta jornada es la representación de mujeres en el Congreso, algo que podría empezar a cambiar ya que han surgido voces femeninas que reclaman liderazgo e incluso aspiran a la Presidencia.
La falta de mujeres en estos espacios de poder es «preocupante», sobre todo porque Colombia avanza «muy lento» para cerrar esta brecha, lamenta Muñoz. El balance de 2018, además, no fue «muy alentador», ya que fueron elegidas 23 mujeres del total de 108 escaños en el Senado, mientras que en el caso de la Cámara de Representantes fueron 32 de 171.
Esto supone una representación del 19,7 % de mujeres en el Congreso, según un informe de la Registraduría Nacional y ONU Mujeres, una cifra que está diez puntos porcentuales por debajo de los datos en América Latina y el Caribe.
Pero también está en juego la participación de grupos subrepresentados, como minorías indígenas y afrocolombianos, además de las 16 circunscripciones especiales de paz, donde las víctimas del conflicto en las zonas rurales tendrán la opción de llevar sus elegidos al Congreso.
Es «de vital importancia» que estas circunscripciones queden «en manos de candidatos que puedan aportar al trabajo de la región», que son usualmente las más descuidadas y con menos presencia del Estado y que «desafortunadamente hoy empiezan a sufrir nuevamente la presencia de algunos grupos armados al margen de la ley», añade la investigadora.
Laia Mataix Góme