Bogotá, 5 jun (EFE).- Al menos 9.000 personas migrantes regresaron a Colombia en lo que va de 2025 desde Panamá, México y Costa Rica, cruzando la selva del Darién, según datos divulgados este jueves por la Procuraduría del país andino, que urgió a las autoridades competentes a atender la «crisis humanitaria» que vive esta región fronteriza.
El órgano de control alertó sobre la «grave» falta de ayuda básica para las personas que intentaron migrar al norte del continente, pero no pudieron llegar a Estados Unidos y tuvieron que regresar al Darién, un fenómeno llamado «flujo migratorio inverso», y pidió a las Cancillerías de Colombia y Panamá que actúen con urgencia para brindar apoyo humanitario.
«No podemos estar con esta situación de flagrante violación de los derechos humanos básicos de estas personas que algún día, tal vez equivocadas, decidieron tomar ese rumbo del Darién y quedaron allí atrapadas en esta trampa mortal», declaró en un video el procurador para los Derechos Humanos, Néstor Osuna.
El Tapón del Darién, una densa selva que marca la frontera natural entre Colombia y Panamá, se ha convertido en los últimos años en un paso clave para la migración irregular en el continente americano.
En 2024, más de 400.000 migrantes, en su mayoría venezolanos, cruzaron esta ruta, donde al menos 174 murieron, la cifra más alta registrada, según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).
Osuna explicó que un equipo de la Delegada para la Defensa de los Derechos Humanos visitó la zona y evidenció la «grave situación de déficit humanitario básico» que enfrentan los migrantes, cuyos principales países de origen son Venezuela, India, Afganistán, Colombia y Ecuador.
«Estas personas llegan con graves problemas de nutrición, de salud, de salud mental, de las necesidades más básicas. Llegan a unos alojamientos, además, también ilegales, sin ninguna atención adecuada por parte del Estado colombiano», criticó el procurador, tras denunciar la presencia de redes criminales que se lucran con esta ruta migratoria.
El organismo de control subrayó que las personas en tránsito por el Darién se enfrentan a «múltiples riesgos como estafas, discriminación, detenciones arbitrarias y hostigamientos por parte de esos grupos armados que controlan el tránsito irregular».
«Hacemos un llamado a todas las autoridades concernidas en este tema a que presten esta atención básica, humanitaria, de tal manera que esas personas (…) puedan realmente llegar a sus puntos de origen o rehacer su vida de alguna manera», agregó.
La semana pasada, la Defensoría del Pueblo colombiana advirtió también de estas nuevas rutas de «migración a la inversa» y precisó que no solo se está haciendo por el poblado de Capurganá, ubicado en el Caribe, sino también en los municipios de Juradó y Bahía Solano, en el océano Pacífico. Estas tres localidades están ubicadas en el departamento selvático del Chocó, fronterizo con Panamá.
Desde estos puntos en el Pacífico, los migrantes son trasladados por redes que «se ofrecen a llevarlos en embarcaciones» hasta Buenaventura, municipio que tiene el principal puerto del país en ese océano.
La Defensoría también alertó que, en Chocó, los migrantes enfrentan riesgos por la presencia de los grupos armados ilegales, como el Clan del Golfo, la principal banda criminal del país, y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), que ejercen control territorial en esas zonas.
El mes pasado, el Gobierno de Panamá cerró la principal estación migratoria a la salida del Darién tras la drástica caída del flujo hacia Norteamérica de viajeros irregulares por las medidas restrictivas impuestas por el Gobierno estadounidense.
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