Bogotá, 17 sep (EFE).- A Paola Sarmiento y a Jasbleidy Pulido las une el deseo de querer dejar atrás un pasado en el que cometieron «muchas equivocaciones» y las ganas de abrazar a sus hijos cuando se materialice su salida de El Buen Pastor, una fría cárcel de Bogotá en donde están recluidas 1.869 mujeres, entre sindicadas y condenadas.
Ellas cumplen condena por delitos relacionados con narcotráfico, ocuparon eslabones bajos dentro de las organizaciones criminales que se dedican a reclutar personas para que transporten sustancias en el cuerpo, las almacenen en sus hogares, sean vigías o vendan pequeñas cantidades de marihuana o cocaína.
«Llegué aquí porque tomé malas decisiones, no atendí los consejos de mis padres y por eso a los 13 años me fui de la casa en busca de nuevos horizontes y más libertad», dice a EFE Paola, que terminó vendiendo pequeñas dosis de marihuana.
Ella espera que en menos de seis meses pueda beneficiarse de una nueva ley que permitirá, según cálculos del Ministerio de Justicia, a cerca de 5.000 mujeres cabezas de familia sustituir la pena con servicio comunitario.
«Sería una bendición que se pueda dar eso. Confío en que así será», comenta Paola mientras pinta pequeñas figuras de la cultura indígena colombiana y paisajes de la zona cafetera en una tira de cuero que más adelante corta y se convierte en servilleteros, monederos y otros artículos que se venden en tiendas y aeropuertos del país.
Una ventana a la libertad
Más de 5.000 mujeres cabeza de familia condenadas a penas de prisión iguales o inferiores a ocho años comenzarán a quedar en libertad en Colombia cumpliendo un servicio social o un trabajo comunitario como una medida sustitutiva de su condena.
Jasbleidy Pulido, que viste ropa de calle, llora al hablar de su caso. Recuerda que entró al negro túnel de las drogas por querer solucionar una mala racha cuando no «conseguía trabajo en nada; ni lavando carros, ni como empleada doméstica, ni en almacenes, en nada», cuenta a EFE.
Si no pagaba la mensualidad del arriendo, la echaban, y entonces apareció un hombre que le propuso «solucionarle el problema».
«Me dijo que me podía ayudar, yo le dije que podía trabajar en lo que fuera», pero le ofreció «ir ‘cargada’ -eufemismo que se utiliza para aludir a llevar cocaína a otro país-«. Al comienzo le dijo que no, «que tenía una hija», recuerda.
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Los días pasaron y la situación económica empeoró y finalmente aceptó. «La aventura no duró mucho porque en el aeropuerto mi nerviosismo me condenó», evoca.
Ella, de 45 años, purga una pena de nueve por tráfico de estupefacientes y espera que la ley le sirva para regresar a la libertad y apoyar a su mamá, una anciana de 84 años que, según ella, aún la espera.
Para volver a empezar
Según el Ministerio de Justicia, en Colombia hay un poco más de 17.000 mujeres en cárceles. De ellas, 7.800 han sido condenadas y el resto espera a que sus procesos avancen en un sistema judicial lento.
La nueva ley tiene como foco una «resocialización» y la «garantía de los derechos humanos» de las condenadas para que puedan obtener una disminución en sus penas por delitos como hurto, hurto calificado, tráfico de estupefacientes, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y destinación ilícita de muebles o inmuebles, entre otros.
Sarmiento y Pulido coinciden en que esos beneficios pueden ayudar «a muchas», a la espera de la luz verde de los jueces.
«Yo creo que en seis meses o menos puedo estar en libertad y con eso dedicarme a mis tres hijos», dice con voz quebrada Sarmiento, que en prisión terminó el bachillerato y que aprovecha «cualquier curso que dictan para hacerlo y aprender».
Otro punto en el que las dos mujeres están de acuerdo es que es una oportunidad «única» para «volver a empezar». Podrán hacer trabajo social, para lo cual el Gobierno ya tiene 2.500 cupos gracias a convenios con diferentes entidades del Estado, empresas y ONG.
«Ellas salen y saben que no pueden reincidir, ya tienen un plan de vida que implica que las beneficiarias salen de una vez sabiendo dónde van a pedir la sustitución -de la pena-«, explica el viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa, Camilo Umaña Hernández.
Cinco horas de trabajo les permite reducir una semana de condena, pueden hacer labor social un máximo de 20 horas a la semana. El resto del tiempo lo pueden utilizar trabajando en lo que quieran.
Según Jasbleidy Pulido, además de regresar y pedirle perdón a su mamá, buscará crear fundaciones para ayudar a las reclusas, muchas de las cuales «están en la cárcel siendo inocentes y no saben qué hacer para defenderse».
«Lo primero que haré cuando regrese a la libertad es abrazar a mi mamá, a mi hija, a la familia. Salgo a repartir abrazos», afirma, mientras extiende su mano señalando los edificios del Buen Pastor en los que se apretujan hasta seis personas por celda en un espacio diseñado únicamente para dos, y en cuyos pasillos cuelga ropa que se agita con las ráfagas de viento que, de alguna manera, comunica a las internas los privilegios de la libertad.
Ovidio Castro Medina
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