En la frontera entre Venezuela y Colombia los caminos verdes y los pasos oficiales sirven para el traslado de artículos, por los que se obtiene alguna ganancia. Además de alimentos, combustible, medicinas, insumos plásticos y otros, los carros representan una fuente de lucro en divisa extranjera para quienes hacen y permiten el envío desde Táchira (Venezuela) hasta Norte de Santander (Colombia).
Franklin Duarte, diputado tachirense a la Asamblea Nacional por el circuito de frontera, informó que antes del cierre de la frontera la coima era en bolívares, después del bloqueo de los pasos oficiales en agosto de 2015, la situación cambió.
“Cobraban entre 500.000 y 1.000.000 de bolívares y ahora con la devaluación cobran entre 200 y 300 dólares por automóvil”, señaló el parlamentario. Añadió que la mayor cantidad de vehículos que son pasados a Colombia es con el propósito de venderlos a mejor precio que en Venezuela. En menor proporción, también pasan carros cuyos propietarios pretenden establecerse en el territorio vecino y requieren quedarse con la unidad.
Hasta los pasos internacionales oficiales que no han sido activados por los gobiernos de uno y otro país estarían siendo utilizados para el traslado. “Están pasando los carros por los puentes internacionales Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander, incluso por el puente Tienditas, que no ha sido inaugurado. En algunos casos los pasan con grúa por trochas. Les pagan a los militares de guardia en los puestos fronterizos. Desde que cerraron la frontera en 2015, los vehículos no dejan de pasar por las trochas y puentes internacionales”, afirmó Duarte.
Ex funcionarios de organismos de seguridad, que solicitaron no ser identificados, dijeron que son muy pocos los carros obtenidos a través del hurto y robo que pasan la frontera para fines comerciales. “Esos autos son desarmados para vender las piezas y repuestos. La situación de los repuestos está muy dura porque cuando no se consiguen, entonces los precios están altos”, señaló uno de los consultados.
Autoridades colombianas han declarado que el año pasado fueron retenidos 373 carros venezolanos que habían pasado por trochas y puntos de seguridad ubicados en diferentes áreas fronterizas. Sin embargo, desde el cierre de la frontera ordenado por el presidente Nicolás Maduro en agosto de 2015, la cifra de vehículos con matricula venezolana es de 686.
Pese a las restricciones de movilidad en la frontera, funcionarios del departamento Norte de Santander y de alcaldías, así como el sector automotor colombiano exigieron al gobierno de Juan Manuel Santos ejecutar planes de seguridad ante la presencia y movilización de carros con placa venezolana en ese país. Incluso modelos de 2016 y 2017, que por el bloqueo no debieron estar en Norte de Santander.
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Pero en redes sociales, portales de Internet y en compra-venta de vehículos que están ubicados en Cúcuta, se ofrecen carros venezolanos, incluso de fabricación posterior al cierre de los pasos, lo que ha afectado a los concesionarios y los impuestos departamentales y municipales. Un vehículo de marca nipona 3 puertas, año 2017, se vende en Cúcuta en 13.000.000 de pesos, que equivales a 460.000.000 bolívares.
El decreto. El 27 de diciembre pasado, el Ministerio de Transporte de Colombia emitió el decreto 2229 en el que establece las condiciones, términos y requisitos para autorizar el uso temporal de vehículos, motos y embarcaciones fluviales menores con matrículas de Venezuela.
La norma indica que los modelos matriculados hasta el 19 de agosto de 2015, que entraron desde Venezuela a territorio colombiano y que se encuentran circulando en las Unidades Especiales de Desarrollo Fronterizo, deberán solicitar la autorización de internación temporal entre los seis meses siguientes a la publicación del decreto. Los vehículos solo podrán ser de uso particular.
El decreto provocó reacciones en el vecino país. El alcalde de Cúcuta, César Rojas, cuestionó que los impuestos que debe pagar la persona por concepto de internación del vehículo no vayan al municipio sino a la Secretaría de Tránsito del departamento de Norte de Santander.
El presidente del Concejo Municipal de San José de Cúcuta, Jaime Marthey, señaló que “el gobierno nacional sigue legislando desde Bogotá sin tener en cuenta la realidad de la ciudad. No puede cobrarle el mismo valor de impuesto a un vehículo venezolano que vale menos de la mitad, que a un carro colombiano”.
El Nacional
