San José, 25 ago (EFE).- La denominada Coalición Nicaragua Lucha denunció este domingo la agudización de la crisis de los derechos humanos que viven los nicaragüenses bajo el Gobierno que preside Daniel Ortega junto con su esposa Rosario Murillo.
En una declaración, esa Coalición anunció que «ante el agravamiento de la situación de derechos humanos en Nicaragua, en un contexto de impunidad bajo un estado policial, las 23 organizaciones que forman parte están uniendo esfuerzos rumbo al cuarto ciclo del Examen Periódico Universal (EPU)» de la ONU que se llevará a cabo en noviembre próximo.
«Esta labor colectiva busca denunciar de manera unísona el régimen totalitario de Daniel Ortega y Rosario Murillo, el cual está sumiendo a Nicaragua en una de las peores crisis de su historia», señaló ese grupo de organismos, entre ellos la ONG Colectivo Nicaragua Nunca Más, con sede en Costa Rica.
Esa Coalición, conformada por organizaciones defensoras de derechos humanos, gremios de periodistas independientes, grupos de víctimas, movimientos sociales y familias afectadas por la crisis que vive Nicaragua desde abril de 2018, sostuvo que el Estado de Nicaragua no ha avanzado en el cumplimiento de las 135 recomendaciones aceptadas de las 259 emitidas en el ciclo anterior del mecanismo de la Organización de Naciones Unidas (ONU).
«Por el contrario, la situación ha empeorado, con el régimen totalitario persiguiendo activistas, opositores políticos, defensores de derechos (incluidos víctimas, familiares y excarcelados), personas religiosas y periodistas», argumentó.
Denuncian «terrorismo de Estado» en Nicaragua
Según la Coalición, la «represión» ha provocado una crisis humanitaria, un incremento significativo en el número de exiliados forzados y graves afectaciones en el ejercicio de los derechos de las poblaciones más vulnerable.
«El terrorismo de Estado en Nicaragua impone prisión política y tortura a quienes tienen opiniones divergentes», afirmó y observó que en los últimos cuatro años se han registrado «detenciones arbitrarias sin garantías para un debido proceso y la extinción de casi toda la prensa independiente».
«El pueblo nicaragüense vive bajo un régimen que perfecciona tácticas de control como la desaparición forzada, secuestros exprés, y deportaciones forzadas, prohibición de ingreso a nacionales, desnacionalizaciones y destierros», puntualizó.
Advirtió que el despojo arbitrario de nacionalidad ha dejado a muchas personas apátridas y vulnerables, intensificando la represión política incluso en otros países.
También denunció que más de 5.000 ONG han sido canceladas, y avisó que «el cierre del espacio cívico indica que estas disoluciones masivas afectan instituciones que trabajan en áreas como educación, salud, gobernabilidad, DDHH y desarrollo, apoyando directamente a personas o grupos vulnerables o históricamente excluidos».
Piden activar jurisdicción universal
Por tanto, instaron a los países a activar su jurisdicción universal para afrontar la impunidad de las violaciones al derecho a la vida y lograr justicia que piden los familiares de las 355 personas asesinadas en el marco de la crisis que vive Nicaragua.
«Con el país en autoaislamiento y desacato, y a tres meses para que el Estado de Nicaragua se presente en el cuarto ciclo del EPU, es crucial utilizar todos los espacios internacionales de cooperación y justicia con acciones concretas y articuladas», consideraron.
Asimismo, abogaron por la liberación inmediata de las 151 personas presas por motivos políticos, por que se realice una investigación pronta, exhaustiva e imparcial de los crímenes de lesa humanidad, el restablecimiento del orden constitucional, y por derogar los artículos sobre la privación arbitraria de la nacionalidad.
Otras demandas son que se permita el regreso de organizaciones humanitarias internacionales expulsadas por el Gobierno sandinista; garantizar el retorno seguro de las personas que fueron obligadas a desplazarse del país; así como garantizar la celebración de elecciones libres y transparentes.