CNE viola 3 leyes al convocar elección de 2.500 cargos en menos de 90 días

El cambio de fecha de las presidenciales del 22 de abril al 20 de mayo, día en que también se realizará la votación de los consejos legislativos y municipales, y el acuerdo de condiciones electorales que firmaron Jorge Rodríguez, ministro de Comunicación y jefe de campaña del presidente Nicolás Maduro, y los partidos –Avanzada Progresista, MAS y una fracción de Copei– que postularon al ex gobernador de Lara, Henri Falcón, no garantizan un proceso transparente, aseguraron expertos. Advirtieron que se profundiza la violación de las normativas por las que debe regirse el Consejo Nacional Electoral.

El director de Súmate, Francisco Castro, señaló que el ente comicial pretende organizar una elección de 2.500 cargos en menos de 90 días, en el mismo lapso previsto para las presidenciales de abril, que fueron anunciadas el pasado 7 de febrero.

“Es el mismo tiempo de convocatoria y cronograma desde el momento que anuncian hasta el día de la elección. Si los lapsos para las presidenciales no eran correctos, mucho menos lo son para hacer también las elecciones de consejos legislativos y municipales. Estamos ante un proceso más complejo, es decir, que la violación de las normas es aun mayor”, afirmó.

Castro y la coordinadora de Voto Joven, Luisana Subero, coincidieron en que al convocar una elección mixta –ordenada por la asamblea nacional constituyente–, en la que se eligen a los concejales municipales, diputados regionales y al presidente de la República, se violan la Ley Orgánica de Procesos Electorales, la Ley del Poder Público Municipal y la Ley de Regularización de los Períodos Constitucionales de los Poderes Públicos Estadales y Municipales.

Con el solo hecho de que la convocatoria de las megaelecciones sea dictaminada por la ANC se viola el artículo 42 de la Lopre, que establece que es potestad exclusiva de CNE fijar la fecha de los comicios para los cargos de elección popular, “en concordancia con los periodos constitucionales y legalmente establecidos”. También se señala que en el acto de convocatoria se hará público el cronograma electoral del respectivo proceso, lo cual no ha ocurrido.

Explicaron que de la Ley del Poder Público Municipal se viola el artículo 82, que estipula que “la elección de las autoridades municipales será necesariamente separada de las que deban celebrarse para elegir los órganos del Poder Público Nacional”.

De la Ley de Regularización de los Períodos Constitucionales de los Poderes Públicos Estadales y Municipales se viola el artículo 2, en el que se señala que las elecciones de consejos legislativos y municipales deben efectuarse en los mismos comicios de gobernadores y alcaldes.

Indicaron que el CNE no está tomando decisiones técnicas, sino políticas, lo que trae como consecuencia que los venezolanos no tengan garantía de participar libremente ni que los partidos políticos presenten a sus candidatos en una elección competitiva

“Luego de haber negado la propuesta de las megaelecciones, el CNE fija una fecha, demostrando que no son independientes, sino sumisos al Ejecutivo”, enfatizó Castro. “No hay razones técnicas para realizarlas en conjunto. Es una artimaña política para favorecer al gobierno. Debieron convocar primero las legislativas y municipales, que están vencidas, y luego las presidenciales, en una fecha cercana al vencimiento de su mandato, y no ocho meses antes”, agregó.

Félix Arroyo, técnico electoral, señaló que se debe cumplir con una resolución del CNE que establece que para efectuar unas elecciones locales el Instituto Nacional de Estadísticas debe presentar las proyecciones poblacionales a la Asamblea Nacional, encargada de aprobarlas con el fin de que el ente comicial organice los circuitos.

Dijo que el Poder Electoral debe aprobar una resolución, como en los comicios de 2008 y 2015, para garantizar la paridad de género. “Ese principio señala que para los votos lista no se puede postular más de 60% de hombres o 60% de mujeres para garantizar la equidad”.

Cronograma

A pesar de que no se ha anunciado una reprogramación en el cronograma que ya estaba establecido para las presidenciales, el CNE tiene 76 días para preparar una megaelección.

Arroyo señaló que al extender ahora la jornada del registro electoral hasta el 10 de marzo, sin especificar si incluye las sedes consulares, debe hacerse otra auditoría de nuevas inscripciones, migraciones y actualizaciones cuando la semana pasada ya se había efectuado.

El 26 de febrero, el CNE realizó la auditoría del registro electoral preliminar. Según el ente comicial, 1.678.553 personas –entre nuevas inscripciones, reubicaciones y actualización de datos– participaron en el proceso. Súmate cuestionó los resultados: consideró inviable que en los 531 puntos habilitados, que no tuvieron promoción y fueron itinerantes, 167.000 personas hicieran sus trámites por día.

Arroyo considera que deben alargarse algunos lapsos para las auditorías, que ya fueron limitados para las presidenciales, tales como la del software y de huellas, que de 5 o 6 días, pasaron a 1 día. Dijo que además el lapso de producción de máquinas se redujo 15 días, lo que incrementa la posibilidad de tener fallas el día de la elección.

El experto advirtió que podría estar en riesgo la preparación de los miembros de mesas, juntas parroquiales y estadales. Explicó que, de acuerdo con experiencias anteriores, luego de ser sorteados en el primer trimestre del año, deben ser notificados, recibir preparación y las credenciales en un lapso de 40 días. El cronograma vigente establece el sorteo para el 15 de marzo.

“Si no hay una campaña de información adecuada para que los sorteados sepan que deben estar presentarse el día de la elección y cumplir con una serie de pasos, los pueden sustituir por personas afectas al gobierno”, subrayó.

Condiciones

Voto Joven y Súmate consideraron que el acuerdo de condiciones que se firmó el jueves en el CNE no garantiza la ecuanimidad, sino la sumisión ante la asamblea nacional constituyente.

Castro reiteró que no se levantó la inhabilitación de partidos como Primero Justicia y Voluntad Popular y de dirigentes políticos, y se obvió que la observación internacional debe comenzar al mismo tiempo que el cronograma.

Subero puntualizó que deben existir condiciones para el día de la elección, con el fin de evitar la eliminación de la estación de información al elector y los votos pagados y los asistidos, que han estado presentes en los últimos comicios para beneficiar al oficialismo.