Desde 2019 hasta 2022 la tasa de inflación anual registró un notable descenso: del 130.000 % registrado en 2018, bajó a 7.374% en 2019; 3.712% en 2020; 686% en 2021; y 234% en 2022. Sin embargo, en diciembre la inflación registró 37,2%, en enero llegó a 39,4%, y en febrero fue de 20,2%. Este repunte de los precios ha encendido las alarmas de un nuevo brote hiperinflacionario.
Para conjurar la amenaza de un nuevo desquicie de los precios se requiere un Pacto Antiinflacionario a través del cual los sectores público, privado y laboral asuman la corresponsabilidad que tienen para erradicar las causas estructurales y los factores propagadores de la hiperinflación. A todos conviene porque la hiperinflación no solo disuelve el salario de los trabajadores, sino también el poder adquisitivo de los impuestos e, incluso, la ganancia empresarial.
El compromiso del gobierno: La emisión de dinero inorgánico para financiar empresas públicas deficitarias es el principal factor propagador de una hiperinflación que es imposible vencer con controles de precios que desestimulan la producción y generan escasez. El gobierno debe renunciar a su insistencia de financiar su déficit forzando al BCV a emitir dinero sin respaldo, lo cual origina un crecimiento de la liquidez monetaria superior al aumento de la cantidad de bienes y servicios que se ofertan en el mercado, y ya sabemos que mucha plata detrás de pocos bienes dispara los precios.
El compromiso del BCV: El Art. 318 de la CRBV establece que “El objetivo fundamental del BCV es lograr la estabilidad de precios y preservar el valor de la unidad monetaria”, y el 320 señala que “el BCV no estará subordinado a directivas del Poder Ejecutivo y no podrá financiar políticas fiscales deficitarias”. Sin embargo el BCV se ha sometido a las exigencias de Pdvsa para financiar su déficit. Para recuperar la fortaleza del bolívar y abatir la inflación, el BCV tiene que comprometerse a resistir las presiones para financiar el déficit fiscal con emisiones de dinero que atizan la inflación.
El compromiso de la Asamblea Nacional: Las reformas a la Ley del BCV que hizo la AN lo despojaron de su autonomía en la emisión de dinero y en la administración de las reservas internacionales, buena parte de las cuales se transfirieron a los fondos que creó el gobierno para financiar su gasto clientelar. Para evitar la propagación de la inflación, la AN tiene que revertir esas reformas a la Ley y prohibir que el BCV adquiera deuda de empresas públicas deficitarias.
El compromiso de la empresa privada: El salario no es sólo un costo de producción más, es la principal fuerza motriz del consumo privado que mueve la producción. Los asalariados, al tener mayores necesidades insatisfechas, si reciben un aumento tienden a gastarlo todo. La pérdida de la capacidad adquisitiva del salario termina revirtiéndose contra la propia lógica empresarial de aumentar las ventas para maximizar sus ganancias. Por lo tanto, la empresa privada tiene que comprometerse a no trasladar inmediatamente a los precios cada aumento del salario mínimo.
El compromiso de los trabajadores: Los aumentos de salarios por decreto crean una ilusión monetaria: nominalmente se gana más pero realmente se puede comprar menos. Si a cada aumento del salario le sigue una inflación mayor, es preferible que no suban más los sueldos pero que frenen la inflación. Los trabajadores y sus sindicatos tienen que comprometerse a sincronizar sus demandas salariales con aumentos de la productividad, a fin de preservar el equilibrio entre el mercado monetario y el mercado de bienes y servicios para asegurar la estabilidad de los precios.
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Víctor Álvarez R. / @victoralvarezr
