La Paz, 22 mar (EFE).- El encarcelamiento de la expresidenta interina de Bolivia Jeanine Áñez hace una semana ha abierto una polémica jurídica en torno de si le correspondía o no un juicio de responsabilidades o de si la crisis política de 2019 fue un golpe de Estado y no producto de un fraude electoral, aspectos de un debate polarizado.
En los últimos días, la justicia boliviana ha negado a Áñez que sea tratada en una clínica privada en La Paz a causa de una hipertensión que padece y en el intento de su defensa de buscar su libertad se ha topado con la ampliación de su detención preventiva de cuatro a seis meses dispuesta por un juez.
La detención de Áñez ha generado un ambiente de polarización social entre los que consideran de que se está haciendo justicia por los decesos en los conflictos posteriores a cuando asumió la Presidencia del país, mientras que los contrarios al gobernante Movimiento al Socialismo (MAS) han considerado que responde a una «persecución política».
CONSPIRACIÓN, SEDICIÓN Y TERRORISMO
La denuncia por los delitos de conspiración, sedición y terrorismo contra Áñez y sus dos exministros es «por su condición de legisladores» en el momento de los sucesos de 2019 previos a toda labor suya en el Ejecutivo nacional, explicó a Efe el presidente del Colegio de Abogados de La Paz, Israel Centellas.
«No sé si es lo adecuado, pero sí es admisible», señaló Centellas al tratar de comprender la intención de la denuncia de la exlegisladora del MAS Lidia Patty contra Áñez, exjefes militares y policiales, además de líderes opositores como Luis Fernando Camacho.
Centellas matizó que el centro está en la forma en que Áñez asumió la Presidencia tras la renuncia de Evo Morales por una supuesta «sucesión irregular», a juicio suyo, y no así una sucesión «inconstitucional» como asegura el MAS que hubo para señalarla como parte del supuesto «golpe de Estado» contra Evo Morales.
JUICIO DE RESPONSABILIDADES
Las manifestaciones en favor del oficialismo relacionan el encarcelamiento de Áñez con la veintena de muertes en Senkata (El Alto) y Sacaba (Cochabamba) luego de que esta asumió la Presidencia, algo que figura directamente con la denuncia de la exdiputada Patty.
Esas muertes de civiles en enfrentamientos con militares y policías «tienen que ser sometidas a un juicio de responsabilidades» y «debe quedarse en esa competencia», señaló el presidente del Colegio de Abogados de La Paz al ser consecuencia de actos como presidenta.
Justamente por esto, el anterior Parlamento boliviano aprobó un informe de esos sucesos en los que se recomienda un juicio de responsabilidades contra Áñez y sus exministros por violaciones a los derechos humanos, algo que no se ha definido aún.
A juicio de Centellas, esto sí toca a Áñez en su calidad de «comandante de las Fuerzas Armadas» y ante la poca probabilidad de una «ruptura de la cadena de mando» por lo que «podría haber alguna responsabilidad» suya en esos sucesos.
DETENCIÓN POR SEIS MESES
Centellas mencionó que seis meses es lo máximo que puede durar la detención preventiva de Áñez, justamente por una ley de abreviación procesal penal dictada por el anterior Gobierno de Evo Morales en mayo de 2019.
Mencionó que «es difícil» que la expresidenta interina pueda mantener presidio por tiempo mayor justamente por lo establecido en dicha ley y por lo que después debiera proceder una medida sustitutiva como la detención domiciliaria.
Justamente ese es el límite que un juez puso a la detención de Áñez, que inicialmente era de cuatro meses, tras valorar que los riesgos de fuga y obstaculización habrían aumentado como lo ha sostenido la Fiscalía, el Ministerio de Gobierno (Interior) y la Procuraduría del país.
EL FRAUDE ES UN TEMA CERRADO
Cualquier consecuencia jurídica del llamado caso «golpe de Estado» no tiene un «efecto jurídico» sobre la validación de las anuladas elecciones de 2019, en las que Morales resultó ganador para un cuarto mandato, sostuvo Centellas.
Justamente, el dilema de «golpe de Estado» y del fraude electoral es una discusión que acompañan los reclamos de los sectores polarizados, cada uno defendiendo su causa.
El jurista mencionó que los procesos electorales se rigen por la «preclusión» y que los comicios decretados nulos «no podrían revisarse ni discutirse» puesto a que «no existen» jurídicamente a la luz del derecho.
Centellas recordó que el Parlamento ha generado leyes de anulación de esos comicios, llamando a nuevas elecciones, y hasta de recomposición de vocales del Tribunal Supremo Electoral gracias a «pactos democráticos» que han sido respuestas tras considerarse que en aquella elección «existían irregularidades», sentenció.