Una comisión policial acompañó a funcionarios del Instituto Nacional de Salud Integral (Insai) y de la Contraloría Sanitaria a inspeccionar una finca en el sector El Tablón de Monay, municipio Pampán, a fin de cumplir con las órdenes del gobernador de la entidad, Henry Rangel Silva, ante el decreto 2300.
Según pudieron constatar, el área destinada al matadero no cumplía con los requisitos establecidos por sanidad para ejecutar la acción, destacaron la irregularidad en el botalón (poste clavado en el suelo en el que se ata a los animales) y los equipos de refrigeración.
Al parecer almacenaban piezas en mal estado, entre ellas patas de res, osobuco, cachete y librillo de vacuno, presumen que pudieran ofertarlos a carnicerías por precios bajos por lo que ordenaron su inutilización, procediendo a enterrar los restos óseos, sellarlos con cal e incinerarlos, para evitar la contaminación en el aire que produce la descomposición. Finalmente, se clausuró el lugar, hasta tanto cumplan con los requisitos establecidos en ley para operar.
Sin embargo, otra versión se conoce al respecto, allegados comentaron que las autoridades exigían la mitad de las reses para los Clap y los propietarios se negaron, preferían cerrar y engordar el ganado antes de «darlo» y perder la inversión. Entonces, no podían siquiera sacar una res de la finca, mucho menos matarla para deshuesarla y venderla, y el empleo de unos 15 obreros se vio afectado ante la paralización forzada.
