Por: Francesca Díaz / Correo del Caroní
El coordinador general de Provea, Oscar Murillo, confirmó a Correo del Caroní que fue citado a comparecer ante el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas en su sede de Caracas para este miércoles 20 de noviembre.
La citación llega en medio de rumores de una nueva escalada represiva contra las organizaciones no gubernamentales. Murillo aseguró que desde la semana pasada se presumía que habría citaciones para voceros y coordinadores de este tipo de agrupaciones, como consecuencia del aumento de la persecución y fiscalización contra las ONG tras la promulgación de una ley para su control.
Murillo es periodista y fue director de la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Católica Andrés Bello en Guayana. Actualmente reside en Caracas y es coordinador de Provea. Murillo comentó que la citación llegó a su apartamento en Ciudad Guayana el domingo por la noche.
Según la boleta, la citación se debe a una investigación llevada a cabo por la delegación municipal del Cicpc de San Cristóbal, estado Táchira, por la supuesta “comisión de un delito contemplado en la Ley Contra el Odio por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia”.
La Ley Contra el Odio, promulgada en 2017, ha sido señalada por diferentes organizaciones como una herramienta usada para criminalizar a la oposición venezolana, así como a quienes realizan labores en defensa de los derechos humanos y el reporte de la crisis venezolana.
“La citación me llegó a mi apartamento en Puerto Ordaz el domingo por la noche. Nosotros acudiremos porque el Cicpc es un órgano auxiliar del Ministerio Público. Creo que tiene que ver con aquella amenaza hecha Diosdado Cabello, en el contexto de la muerte de Edwin Santos, dirigente político de Apure, se dijo públicamente que Provea y otras organizaciones afirmaron que había testigos y todo eso. Se dijo que se nos iba a citar para que digamos cuáles son los testigos. Además, en la boleta, dice que la investigación es iniciada por la delegación de San Cristóbal y, en el caso de El Nula, toda esa delegación está bajo la jurisdicción de San Cristóbal”, puntualizó Murillo en entrevista con este medio.
La boleta no aclara el origen ni fundamento de la investigación realizada por el Cicpc, ni tampoco la cualidad procesal bajo la cual deberá comparecer el también profesor universitario.
El sitio web de Provea reseña que esto ocurre “en medio de una vertiginosa escalada de abusos registrada con posterioridad a los comicios del pasado 28 de julio y de nuevos actos de hostigamiento y amenazas encabezadas por el ministro de Justicia, señor Diosdado Cabello, contra personas y organizaciones que solicitaron investigación sobre las circunstancias que rodearon la muerte de Edwin Santos en el estado Apure”.
La amenaza: van a ser citados
El pasado 30 de octubre, Diosdado Cabello cuestionó la labor de Provea en su programa semanal, Con el Mazo Dando. Asimismo, se pronunció sobre la denuncia del presunto asesinato del líder opositor, Edwin Santos.
De acuerdo con testimonios, Santos desapareció el 23 de octubre, situación que fue denunciada públicamente por sus familiares. Su muerte fue confirmada el 25 de octubre. En medio de una serie de denuncias que aseguraban que habría sido interceptado por funcionarios de cuerpos de seguridad del Estado, Provea exigió una investigación imparcial para este caso.
Tras la gran repercusión del caso, el Cicpc publicó un comunicado de esclarecimiento en el que asegura que Santos falleció en un accidente de tránsito y amenaza a quienes continúen generando matriz de opinión sobre un asesinato por causas políticas.
“Van a ser citados al Cicpc los que dijeron que hay testigos (del asesinato), van a tener que llevar a los testigos para que no se crea que aquí perseguimos, yo sé de varias organizaciones y ONG, los vamos a llamar a todos y tienen que presentar sus testigos, unos dicen que fue el Sebin, la Dgcim, la Policía Nacional… póngase de acuerdo. Provea dijo que tiene testigos. Provea tiene que buscar los testigos, no se tiene que esconder que son una ONG, ustedes cruzaron la raya”, dijo Cabello.
En abril del 2024, la Corte Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares a favor de todos los miembros de Provea, entre ellos, a Oscar Murillo, por considerar que los integrantes de la ONG se encuentran en situación de riesgo por sus labores como defensores de derechos humanos en el contexto político por el que atraviesa Venezuela.