Caracas, 27 sep (EFE).- La crisis política en Venezuela persiste dos meses después de unas presidenciales en las que el chavismo y la oposición mayoritaria reivindican la victoria, mientras el Consejo Nacional Electoral (CNE), que proclamó ganador a Nicolás Maduro, sigue sin publicar los resultados desagregados, como contempla el cronograma oficial.
El oficialismo se apoya también en un fallo del Supremo -presidido por la chavista Caryslia Rodríguez- que convalidó el anuncio del CNE, mientras que la oposición sustenta su reclamo en el «83,5 % de las actas» recabadas testigos y miembros de mesa, que reflejan -insiste- el triunfo de su abanderado, Edmundo González Urrutia, exiliado en España desde el 8 de septiembre.
Sin embargo, el Ejecutivo reitera que esas actas son documentos «falsos».
A continuación, cinco aspectos de un país marcado por la incertidumbre, denuncias de «persecución», conflictos diplomáticos y, según el Gobierno, una incesante «injerencia» extranjera:
La «opacidad» electoral
Dos meses después del 28 de julio, el «sistema electoral más confiable, transparente y auditado del mundo», como lo describen autoridades, aún no publica los resultados de forma desagregada ni está habilitada la página web del CNE, que alega un jaqueo.
Esta «opacidad», denunciada por el antichavismo mayoritario -agrupado en la Plataforma Unitaria Democrática (PUD)-, es, según los opositores, una señal del «fraude» que ha generado un amplio cuestionamiento en la comunidad internacional, que insta a la publicación de los resultados desagregados.
Mayor «incertidumbre»
Cuando faltan poco más de tres meses para la toma de posesión, el 10 de enero, la ciudadanía expresa sus dudas sobre el futuro próximo del país, que, según el excandidato Enrique Márquez o el rector del CNE Juan Carlos Delpino, entre otros, no quedaron resueltas con la decisión de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que convalidó «categóricamente» la reelección de Maduro.
El politólogo Pablo Quintero dijo a EFE que la coyuntura está «marcada» por la «incertidumbre», así como por «tensiones y dilemas» que, advirtió, «no se van a resolver de aquí al 10 de enero» y, en cambio, prevé que haya «un choque mucho más rudo desde el punto de vista mediático e internacional» y «más controversias diplomáticas».
«Persecución»
La Misión de Determinación de los Hechos de la ONU para Venezuela denuncia que el Estado «intensificó la modalidad más dura y violenta de su maquinaria de represión» para «desarticular y desmovilizar a la oposición», mientras los «principales poderes públicos abandonaron toda apariencia de independencia y se sometieron» al Ejecutivo.
Según el Comité de DD.HH. de Vente Venezuela (VV) -partido liderado por María Corina Machado, quien dice estar en «resguardo obligado»-, al menos 148 políticos opositores y activistas están detenidos, buena parte de ellos colaboradores de González Urrutia, mientras que seis están refugiados, desde marzo, en la residencia de la Embajada argentina en Caracas.
Crisis diplomática
La controvertida reelección de Maduro, así como las denuncias de «persecución», desencadenó una crisis diplomática que se ha traducido en la expulsión de los integrantes de las misiones de Perú, Argentina, Chile, Costa Rica, Panamá, República Dominicana y Uruguay.
A esto se sumó la tensión con España, luego de que el Parlamento de la nación europea aprobara reconocer a González Urrutia como ganador, que poco después se agudizó con la denuncia del Gobierno venezolano de una operación «terrorista» por la que fueron detenidos dos españoles, a los que vincula con el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) de su país.
La «injerencia»
La «injerencia» extranjera que el oficialismo denunció con frecuencia durante el período preelectoral se multiplicó luego de los comicios, con comunicados contra pronunciamientos de Gobiernos u organismos internacionales que han cuestionado la «falta» de transparencia del sistema electoral venezolano y condenado la «represión» y las «violaciones de derechos humanos».
En rechazo a «acciones injerencistas», así como a la «presunción del uso de la aviación civil con fines no compatibles con los principios de seguridad», el Ejecutivo suspendió los vuelos comerciales con Panamá, República Dominicana y Perú, países a los que se sumó esta semana Chile, según el Ministerio de Transporte, medidas que -aseguraron expertos- redujeron en más del 50 % la conexión aérea de Venezuela con el mundo.