La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ofreció una conferencia de prensa en la que manifestó su preocupación por los 1393 detenidos tras las elecciones presidenciales y por la persecución en contra de la disidencia política.
Génesis Carrero / Crónica Uno
Caracas. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hizo este martes un llamado a la comunidad internacional a promover un “esfuerzo coordinado y diplomático para respaldar la transición pacífica de Venezuela a la democracia”, durante una rueda de prensa ofrecida por el pleno de la instancia sobre la situación actual del país.
“El Gobierno de Venezuela debe poner fin a la represión y liberar a todas las personas que han sido detenidas arbitrariamente. La comisión interamericana insta a la comunidad internacional a reconocer la gravedad de la situación y el efecto disuasivo que esta represión ha tenido sobre la sociedad venezolana”, dijo la relatora de la CIDH para Venezuela, Gloria Monique de Mees, este 12 de noviembre durante la conferencia en línea.
En el encuentro virtual, el primero en cinco años convocado para hablar sobre un país en particular, la CIDH manifestó su preocupación no solo por la falta de transparencia y denegación de derechos electorales en el país caribeño, sino también por la represión política a la que, aseguró el pleno, están sometidos los ciudadanos venezolanos.
Los relatores especiales de esta instancia coincidieron en que en el país hay un contexto de “impunidad total”, en el que las víctimas no reciben apoyo de las instituciones del Estado, pues estas se encuentran “controladas por el régimen y cómplices con su estrategia represiva”.
Preocupación por los detenidos
La presidenta de la CIDH manifestó la preocupación de esta instancia por las detenciones de manifestantes y disidentes del Gobierno de Nicolás Maduro, luego de las elecciones presidenciales del 28 de julio.
“Del 28 de julio al 13 de agosto, las organizaciones de la sociedad civil documentaron al menos 1393 detenciones, incluyendo 182 mujeres, 117 adolescentes, 70 personas con discapacidades, 14 indígenas y 7 periodistas”, dijo De Mees.
Detalló que las autoridades acusaron a los detenidos de delitos como terrorismo e incitación al odio, que él calificó como acusaciones “con expresiones muy amplias y penas excesivas” y que representan “un intento muy claro por socavar el ejercicio de la libertad de expresión y sirven para influir en un clima de miedo y reprimir más expresiones de disenso”.
Además, reportó que la comisión recibió información sobre violaciones a las garantías judiciales, como la denegación del derecho a la defensa privada, la comunicación con las familias y audiencias sin la presencia de representantes jurídicos.
“La CIDH está, sobre todo, alarmada por 69 adolescentes menores de edad, incluso uno con el espectro de autismo, que las autoridades detuvieron en relación con las manifestaciones y tildaron a estas personas como terroristas”, manifestó la relatora para Venezuela.
Explicó que los adolescentes que permanecen detenidos se encuentran recluidos al lado de adultos, sin segregación por género y sin atención particular o representación jurídica en los procedimientos judiciales en los que han participado.
Contra la libertad de expresión
La comisión detalló que al menos 36 defensores de derechos humanos, periodistas y miembros de sus familias “han estado sujetos a la anulación de sus pasaportes sin ninguna explicación del Estado al respecto”.
En cuanto a la libertad de expresión, De Mees remarcó que tienen cuenta de alrededor de 130 casos de violaciones a este derecho entre el 28 de julio y el 29 de agosto pasados.
La cifra incluye la detención de 13 periodistas y trabajadores de la prensa “que fueron acusados de incitar al odio y el terrorismo sin fundamento”, además del allanamiento a medios de comunicación, el bloqueo “generalizado” a sitios web y plataformas informativas y la confiscación de equipos y deportación de corresponsales de prensa internacional.
“Estas acciones han llevado a un mayor clima de autocensura y han llevado a periodistas al exilio, lo cual refleja un patrón sistemático de acoso en contra del trabajo periodístico y una escalada en la penalización del derecho a la libertad de expresión”, remarcó.
Sin actas
La presidenta de la comisión se refirió a la falta de transparencia durante el proceso electoral del 28 de julio y el “acoso” a los voluntarios y miembros de la oposición tras los comicios y recordó que la institución electoral sigue sin publicar las actas del proceso.
“Nuestro mensaje es: lo que sucedió y lo que sucede en Venezuela no se puede aceptar y no se puede normalizar, a la fecha las autoridades de venezuela se niegan a publicar las actas de las elecciones que se llevaron a cabo el 28 de julio”, sentenció.
Recordó que hace 15 años que la situación de Venezuela es materia fija en los informes anuales de la instancia, además de que se han creado relatorías especiales para atender la crisis de los últimos años.
“La represión política es una realidad para los que levantan la voz”, dijo Clarke, a la vez que manifestó la solidaridad de la CIDH con los venezolanos por “las acciones del régimen que silencian el disenso y las voces críticas».